Legisladores nacionales de la comisión investigadora por el caso $LIBRA apelaron este lunes el fallo del juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, quien declaró “improcedente” el uso de la fuerza pública para que declaren funcionarios, en el marco del escándalo de la criptoestafa de la que fue parte el presidente Javier Milei, el pasado 14 de febrero.
“La decisión judicial lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el contralor político”, alegó el titular de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
En ese sentido, Ferraro remarcó que, un magistrado no puede limitar dichas atribuciones otorgadas por el Congreso. “No se trata de un trámite administrativo, sino de la división de poderes, negar esa posibilidad vacía de sentido una de las funciones esenciales del Parlamento: investigar y garantizar transparencia”, recalcó.
Vale recordar que, a principios de octubre, Giorgi rechazó el pedido de los diputados de citar por la fuerza pública al titular de la Oficina de Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, así como otros funcionarios nacionales del Ejecutivo nacional, como la hermana del presidente Karina Milei, luego de que varios dirigentes pegarán el faltazo a la citación de los legisladores.
En detalle, de acuerdo con fuentes judiciales, el responsable de la OA se habría negado a recibir la notificación que lo obligaba a declarar en el Congreso nacional. Ante esta situación, el oficial notificador fijó la citación en la puerta de su despacho, lo que motivó que la comisión solicitara la intervención judicial para garantizar su comparecencia.
En ese contexto, el legislador de la bancada referenciada en Elisa “Lilita” Carrió subrayó: “Investigar no es un capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”.
Es preciso destacar que, Ferraro presentó una denuncia penal contra Melik. “La Oficina Anticorrupción se convirtió en una herramienta de blindaje político”, denunció el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, junto a Mónica Frade presentamos una denuncia por posible abuso de autoridad y encubrimiento”, adelantó.
Además, el legislador señaló que la Oficina Anticorrupción “no investigó, no contrastó y no verificó nada, solo convalidó un relato, tampoco se valoró el rol institucional del Presidente en la promoción de la criptomoneda, ni el impacto económico y simbólico de su publicación del 14 de febrero”.
A su vez, Ferraro solicitó que se investiguen las posibles comunicaciones formales o informales mantenidas entre el titular de la Oficina Anticorrupción y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo al presidente; a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al asesor presidencial Santiago Caputo; y al vocero Manuel Adorni.
$LIBRA: Ferraro apeló el fallo de la Justicia para citar por la fuerza pública a funcionarios
