El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, declaró “improcedente” el pedido de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación que buscaba disponer la citación por la fuerza pública del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de otros funcionarios del Gobierno nacional, en el marco de la causa conocida como $LIBRA.
En ese marco, el magistrado argumentó que “carece de competencia” para dictar una orden en ese sentido y recordó que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, también se pronunció en contra de la intervención del Poder Judicial en citaciones legislativas. En ese sentido, la medida cerró la posibilidad de que los legisladores dispongan su comparencia mediante el auxilio de la fuerza pública.
La resolución incluyó a otros funcionarios nacionales que también habían sido convocados por la comisión investigadora y que no se presentaron ante el cuerpo legislativo, entre ellos, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.
De acuerdo con fuentes judiciales, el responsable de la OA se habría negado a recibir la notificación que lo obligaba a declarar en el Congreso nacional. Ante esta situación, el oficial notificador fijó la citación en la puerta de su despacho, lo que motivó que la comisión solicitara la intervención judicial para garantizar su comparecencia.
Por su parte, Melik presentó ante el juez un escrito en el que negó haber sido notificado de forma correcta y aseguró que “resultaba inexacto que se lo hubiera citado en dos oportunidades o que hubiera faltado de manera injustificada”. Asimismo, el funcionario agregó que su citación era “improcedente”, dado que fue denunciado penalmente y corría el riesgo de autoincriminarse si declaraba ante los legisladores.
En ese aspecto, el responsable de la OA advirtió que, mientras está siendo investigado por su actuación en la maniobra vinculada con la criptomoneda $LIBRA, la comisión pretendía interrogarlo sobre los mismos hechos, por lo que señaló que debía resguardar su derecho a no declarar sobre causas en trámite que podrían comprometerlo judicialmente.
Vale precisar que Melik fue denunciado en julio pasado por legisladores de la Coalición Cívica en relación con sus presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, tras haber exonerado al presidente Javier Milei de toda responsabilidad en el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA. Esta denuncia motivó la apertura de la comisión investigadora en Diputados, donde también fueron convocados otros funcionarios del Ministerio de Justicia.
Finalmente, el juez Martínez de Giorgi, al dictar su resolución, sostuvo que la competencia federal “es de carácter restrictivo y de excepción” y que solo puede ser fijada de manera expresa por una ley. Además, el magistrado retomó el planteo del fiscal Eduardo Taiano, quien advirtió que el Poder Judicial “no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar decisiones del Congreso”.
$LIBRA: los antecedentes detrás de la denuncia al titular de la OA
En agosto pasado, un puñado de diputados nacionales de la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa “Lilita” Carrió, denunciaron penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, por impedir la investigación del caso $LIBRA, que involucró al presidente Javier Milei y dirigentes de peso, dentro del Gobierno nacional.
En la presentación, los legisladores lilitos exigen que la OA, investigue la posible comisión de delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de la dirigencia del Ejecutivo nacional, luego de haber promocionado el token $LIBRA, a través de la red social X.
Es que, a mediados del mes de junio, la Oficina Anticorrupción resolvió dar por finalizada la investigación detrás de la criptomoneda $LIBRA, al considerar que no hubo ninguna falta ética por parte del Presidente.
“La Oficina Anticorrupción no investigó, no contrastó y no verificó nada, solo convalidó un relato, tampoco se valoró el rol institucional del Presidente en la promoción de la criptomoneda, ni el impacto económico y simbólico de su publicación del 14 de febrero”, alegaron desde la bancada disidente.
