El diputado bonaerense de Juntos, Daniel Lipovetzky, valoró el fallo por unanimidad que emitió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para destituir al juez de Casación bonaerense, Manuel Ordoqui, por estas horas detenido y acusado de integrar una asociación ilícita para cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.
“Estamos satisfechos por cómo se dio el proceso y por haber resuelto la destitución por unanimidad. Es un fallo histórico porque es el primer integrante del Tribunal de Casación bonaerense destituido por un jury”, resaltó Lipovetzky en diálogo con Diputados Bonaerenses y agregó: “Las pruebas eran muy claras sobre el mal desempeño de Ordoqui y su relación con personas sobre las que tuvo que definir su situación procesal”.
Cinco horas después de su destitución el juez Manuel Ordoqui fue detenido en un domicilio ubicado en calles 481, entre 29 y 30, de la localidad platense de Gonnet por pedido de la fiscal de Instrucción Betina Lacki, quien, en principio, lo indagará por los delitos de “cohecho pasivo, ocho casos de tráfico de influencias y asociación ilícita“.
“Cuando se encuentran estos casos se debe ser ejemplificador porque quienes imparten el servicio de justicia deben trabajar honestamente, con seriedad y sin corrupción. Dimos un mensaje al pueblo bonaerense sobre que cuando alguien comete un mal ejercicio de la función puede ser sancionado, como pasó con Ordoqui”, consideró Lipovetzky.
En efecto, Ordoqui, quien estaba suspendido de su cargo y tenía su sueldo embargado en un 40 por ciento, se convirtió en el primer integrante del Tribunal de Casación Penal bonaerense en ser destituido por un jurado de enjuiciamiento presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan.
Para el jurado, el ahora exjuez incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público, graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o donde hubiere intervenido, actos de parcialidad manifiesta y toda acción u omisión que implica la defección de la buena conducta que exige la constitución para el desempeño de su magistratura.
“Es un hecho político que haya salido por unanimidad, el trabajo es muy minucioso porque se tienen que estudiar todas las pruebas documentales, las declaraciones testimoniales, después vienen los alegatos y la preparación de la sentencia. Como legisladores nos ponemos en rol de juzgadores. Es una muy buena señal hacia el futuro en cuanto a que necesitamos una justicia sin ningún tipo de intereses”, enfatizó Lipovetzky.
Según el jury, entre 2017 y 2018, en el marco de la tramitación de ciertos legajos casatorios, Ordoqui “actuó con parcialidad manifiesta en beneficio de un justiciable (Juan Ariel Heine)”. “Al mismo tiempo, faltó al decoro y la dignidad de su función e incumplió los deberes inherentes a su cargo al brindar información interna y asesoramiento -al punto de redactar personalmente un escrito judicial a presentar en una causa sometida a su jurisdicción- a particulares (Lidia María Perna y el nombrado Heine)”, se destaca.
“También recibió dádivas por estas gestiones y solicitó dinero para quien oficiara como secretaria privada, una vez descubiertas las ilegales maniobras“, señaló el fallo.
El diputado Lipovetzky destacó que “Casación bonaerense tiene su sede en La Plata” por lo que el fallo de destitución de Ordoqui “tiene un impacto en la ciudad relacionado con la importancia de que en la capital provincial las instituciones funcionen correctamente”.
Otro caso atribuido a Ordoqui ocurrió en 2010, cuando la fiscal Lacki investigaba el homicidio de Juan Farías, quien formaba parte de una banda que había cometido delitos contra la propiedad y estaba integrada también por policías que liberaban zonas y que, al parecer, contaban con la protección del por entonces juez César Melazo.
Por ese hecho, Lacki se contactó con un detenido por doble homicidio, Javier Ronco, quien le contó que entregaba dinero al fiscal Tomás Morán y que tenía “una punta” en Casación, quien resultó ser Ordoqui, quien en las escuchas era nombrado como “el tío” por haber mantenido en el pasado una relación sentimental con la tía biológica de dicho preso.
Destitución de Ordoqui y el juicio contra “la banda” de Melazo
A su vez, comenzó el juicio a Melazo y otros 14 imputados en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata. Además del exjuez, Melazo, quien está con prisión preventiva, son sometidos a juicio el excomisario mayor Gustavo Bursztyn, el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli.
También están en el debate los imputados Ronco; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes; Carlos Bertoni; Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; el exbarrabrava de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; Enrique Edgardo “Quique” Petrullo; el exjefe de la barra de Estudiantes Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera, y Claudia Edith Giunta.
Al momento de elevar la causa a juicio, Ordoqui era investigado como acusado de otorgar arrestos domiciliarios a cambio de dinero, pero no pudo ser procesado porque poseía fueros, mientras avanzaba el jury que culminó ayer con su destitución.
Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas“.
Además, precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial” y el exjuez Melazo se presume brindaba protección a la banda.
Por su parte, Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.
En abril de 2019, la Cámara Penal de La Plata rechazó el pedido de prisión domiciliaria que presentó Melazo por considerar que no integra la población de riesgo por coronavirus para acceder a la detención domiciliaria por lo que continúa detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
