La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, volvió a fallar contra el Estado argentino en el marco de la causa por la expropiación de YPF y exigió que el país informe la lista completa de sus activos en el exterior. La medida incluye bienes estratégicos, incluso aquellos vinculados a la defensa nacional, en el marco de la demanda de los “fondos buitres”, Burford y Eton Park.
El nuevo revés judicial se suma a la sentencia inédita que en 2023, condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por irregularidades en la estatización de la petrolera, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En esta ocasión, la jueza Preska desestimó el pedido de la Procuración del Tesoro, que había solicitado limitar la entrega de información únicamente a los activos potencialmente ejecutables.
Es que, el Gobierno argentino había solicitado que se diferenciara entre bienes comerciales y activos estratégicos, en particular los vinculados a la defensa, y que estos últimos quedaran fuera del discovery. Sin embargo, Preska rechazó ese planteo y ordenó que se entregue la nómina completa, para luego definir cuáles podrán ser embargados.
Por su parte, la Procuración del Tesoro confirmó en un comunicado la decisión de Preska y señaló que este nuevo fallo se suma al de la semana pasada, que ya había rechazado una solicitud de reconsideración vinculada a pedidos de discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios nacionales, vinculados en la toma de decisiones sobre la petrolera.
En ese sentido, los abogados del Estado señalaron que los planteos argentinos “resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina, respaldando sus mociones con abundante jurisprudencia relevante”, y adelantaron que analizan “las vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio”.
Vale recordar que la nueva ofensiva de Preska se produjo a pocos días de que el Segundo Circuito de Manhattan aceptara una apelación argentina que permitió evitar, por ahora, la entrega del 51% de las acciones de YPF. Frente a ese escenario, la jueza reaccionó de inmediato y ordenó a la República, entregar las comunicaciones y chats de ministros de Economía vinculados con la causa, entre ellos Sergio Massa y Luis “Toto” Caputo.
En paralelo, la Estado argentino tiene por delante dos apelaciones pendientes. La primera apunta al fallo de fondo que impone el pago millonario y la segunda, rechaza la disposición que obliga a transferir las acciones de YPF por incumplimientos anteriores.
Las audiencias orales se celebrarán en los próximos meses, con una de ellas prevista después de las elecciones legislativas de octubre, mientras que la próxima cita será el jueves 4 de septiembre en Nueva York. En ese marco, la Procuración del Tesoro revalidó su posición y afirmó que la Argentina reafirma su compromiso de defender los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles.
La cronología en el juicio por la expropiación de YPF
Antes del nuevo fallo de Loretta Preska que volvió a complicar a la Argentina, el Estado había pedido a la jueza del Distrito Sur de Nueva York que reconsiderara su decisión de habilitar el acceso a correos y mensajes privados de funcionarios nacionales en el marco del juicio por YPF. Ese planteo buscaba frenar la medida de discovery que autorizaba revisar intercambios digitales de actuales y exministros de Economía, entre ellos Luis “Toto” Caputo y Sergio Massa.
En ese contexto, los llamados “fondos buitres”, Burford Capital y Eton Park argumentaron que YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, Energía Argentina (ENARSA) y el Banco Nación funcionaban como “alter ego” del Estado nacional. A partir de esa premisa, los demandantes pidieron que los bienes de esas entidades fueran embargados para cumplir con la sentencia por US$16.000 millones, dictada en 2023.
La Procuración del Tesoro, por su parte, cuestionó la medida y la calificó como un “acoso” judicial. En su escrito, la defensa argentina sostuvo que la decisión de Preska “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, y recordó que el país ya entregó más de 100.000 páginas de documentación financiera en el marco del discovery.
En paralelo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender de forma temporal la entrega del 51% de las acciones de YPF, dispuesta por Preska. Con esa decisión, la Argentina logró conservar la mayoría accionaria de la petrolera mientras avanzan las apelaciones previstas para septiembre y octubre, consideradas claves en la estrategia de defensa oficial.
