Esta semana, la diputada de Fuerza Patria, Luciana Padulo, presentó un proyecto para crear una comisión especial destinada a abordar, estudiar y prevenir los delitos en línea contra niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca instalar una oficina especifica en el ámbito legislativo para analizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre las infancias, además de proponer herramientas concretas para mitigar los riesgos en entornos digitales.
En los fundamentos de la iniciativa, la representante del Frente Renovador, Luciana Padulo, advirtió sobre el crecimiento de los riesgos asociados al uso de internet por parte de menores, una problemática que integra su agenda parlamentaria. La legisladora sostuvo que, si bien las tecnologías ampliaron las formas de comunicación, también generaron nuevos escenarios de vulnerabilidad que requieren un abordaje específico desde el Estado.
“Uno de cada tres usuarios de internet en el mundo es un niño o niña, y los jóvenes representan el grupo más conectado”, se desprende de los datos citados en el proyecto, que retoma estadísticas de organismos internacionales para dimensionar la magnitud del fenómeno.
En ese marco, el articulado pone el foco en la ausencia de verificación de identidad y en la facilidad para crear perfiles en redes sociales, factores que favorecen la proliferación de ciberdelitos. Asimismo, la propuesta señala que la escasa implementación de medidas de seguridad por parte de las empresas tecnológicas contribuye a la expansión de estas prácticas ilícitas.
En cuanto a la aplicación de la normativa, el texto parlamentario establece la conformación de una comisión especial ad honorem, integrada por seis senadores y seis diputados designados por las autoridades de ambas Cámaras legislativas, con representación de las minorías.
Además, Padulo también contempla la intervención de organismos especializados para nutrir el trabajo de la comisión y habilita la convocatoria a representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, entre otros actores.
Según reza el documento, la comisión deberá reunirse al menos una vez por mes durante el plazo de un año. Al finalizar ese período, sus integrantes tendrán que elaborar un informe con conclusiones y propuestas orientadas a la prevención de los delitos digitales, con especial énfasis en las medidas de mitigación de riesgos que deberían aplicar las empresas proveedoras de servicios tecnológicos.
En tanto, el proyecto establece que el informe final será remitido al Ejecutivo provincial y nacional, al Ente Nacional de Comunicaciones y al Ministerio de Justicia de la Nación. A través de esta iniciativa, la Legislatura buscará impulsar la intervención estatal frente a las plataformas digitales, en un contexto en el que la mayoría de estas compañías opera con alcance transnacional.
A partir del trabajo territorial del Instituto de Prevención de Grooming, Padulo incorpora en su presentación datos sobre el desconocimiento social del problema. Según esos relevamientos, el 50% de la población de la provincia de Buenos Aires no identifica las conductas vinculadas al grooming, lo que dificulta la detección temprana y la prevención.
El escrito suma además estadísticas del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que evidencian un crecimiento sostenido de los delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales. Entre 2019 y 2024, se registró un aumento del 140% en los reportes, que alcanzaron los 138.000 casos en la Argentina.
En paralelo, la iniciativa oficialista se inscribe en un entramado normativo que ya contempla la protección de niños y adolescentes en el ámbito digital. A nivel internacional, el proyecto menciona la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, mientras que en el plano nacional destaca la Ley 26.061 de Protección Integral y la adhesión al Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad.
Sin embargo, Padulo sostuvo que la velocidad del avance tecnológico supera la capacidad de respuesta de las normativas vigentes y planteó la necesidad de generar un espacio institucional que permita actualizar diagnósticos acordes a los desafíos actuales. “La protección de las infancias en el entorno digital requiere un enfoque multidisciplinario, coordinado y proactivo”, fundamentó la legisladora en el proyecto, al tiempo que remarcó la importancia de articular esfuerzos entre distintos organismos del Estado.
Vale precisar que la presentación de esta propuesta se suma a una serie de iniciativas impulsadas por Padulo en materia de niñez y entornos digitales. En los últimos meses, la legisladora promovió modificaciones en la Educación Sexual Integral (ESI) para incorporar contenidos vinculados a la prevención del grooming en las escuelas bonaerenses.
“En el abordaje de los delitos en red, el grooming requiere una consideración particular por la gravedad de los daños que ocasiona”, señaló la massista en su proyecto, donde también remarcó la necesidad de brindar herramientas de concientización tanto a estudiantes como a adultos.
En paralelo, la diputada también avanzó con expedientes vinculados a la educación emocional y la educación digital crítica, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención desde el sistema educativo. En ese sentido, Padulo plantea una agenda integral que articula legislación, concientización y políticas públicas.
“Las leyes son herramientas que deben sostenerse en el tiempo y garantizar derechos más allá de los cambios de gobierno”, sostuvo la dirigente oriunda de la Quinta sección en declaraciones recientes, donde defendió la necesidad de establecer marcos normativos duraderos en temas sensibles.
Con este nuevo proyecto, Padulo busca que la Legislatura bonaerense asuma un rol activo frente a una problemática en crecimiento. La creación de una comisión específica aparece, en ese contexto, como un primer paso para sistematizar información, coordinar acciones y avanzar en la prevención de los delitos digitales que afectan a las infancias.
