A poco más de un año de la promulgación de la emergencia para empresas recuperadas, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Juan Malpeli, volvió a ingresar el proyecto para prorrogar el beneficio económico, financiero y tarifario de uno de los sectores más castigados por la crisis económica.
“En el contexto de las políticas nacionales que se están aplicando, con el consiguiente cierre masivo de unidades productivas, oleadas de despidos y expulsión de trabajadores a la exclusión y precariedad del mercado laboral, urge reconocer la emergencia del sector”, sostuvo el legislador oficialista en los fundamentos de la iniciativa.
En este sentido, la presentación del dirigente renovador propone extender la emergencia por un plazo de tres años a partir de la sanción de la norma, con posibilidad de prórroga por parte del Ejecutivo bonaerense en caso de persistir las condiciones que motivaron la medida. Además, el proyecto declara de “interés provincial” el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores como continuidad de firmas en crisis o quiebra.
“Conforme a los datos arrojados por los registros provinciales, nuestro territorio provincial cobija a cerca de 200 unidades productivas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, generando unos 5000 puestos de trabajo genuino, cooperativo y registrado”, afirmó Malpeli.
En ese marco, el proyecto contempla a las empresas organizadas como cooperativas de trabajo, o en proceso de constitución, que hayan quedado en manos de sus trabajadores tras situaciones de quiebra, cierre, vaciamiento, abandono o disolución de la firma original.
En tanto, el articulado prevé que las cooperativas alcanzadas por la medida deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, cartera que conduce Augusto Costa.
Dentro de ese universo, la emergencia económica prevé la suspensión inmediata de acciones judiciales, trámites o diligencias que tengan por finalidad ordenar o ejecutar desalojos de empresas recuperadas. Asimismo, la iniciativa también suspende los cortes de servicios públicos provinciales de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales.
Por el contrario, los prestadores de esos servicios deberían ofrecer planes de pago para cancelar las deudas generadas durante la vigencia de la emergencia, bajo las pautas que definan las entidades correspondientes, en este caso el Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA) y la Autoridad del Agua (ADA).
A través de los fundamentos, el autor del proyecto remarcó que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de empresas recuperadas del país, producto del histórico desarrollo industrial bonaerense. En ese sentido, Malpeli retomó antecedentes legislativos como la reforma de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras en 2011 y la Ley provincial 13.828, normativas que en su momento fortalecieron este entramado y otorgaron mayores facilidades a las cooperativas de trabajadores.
“La presente declaración de emergencia pretende mantener visibilizada la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas”, defendió el diputado de Fuerza Patria en relación con el delicado presente que atraviesan muchos de estos emprendimientos.
De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde la asunción del Gobierno libertario, la provincia de Buenos Aires perdió 5.832 empresas, al pasar de 153.497 empleadores registrados en noviembre de 2023 a 147.665 en igual mes de 2025, una caída que también impactó en el empleo formal, con la pérdida de 79.090 puestos de trabajo registrados en el mismo período.
De hecho, el dato fue mencionado por el propio Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, donde advirtió sobre el impacto de la crisis productiva. “Desde que asumió Javier Milei cerraron cerca de 30 empresas por día, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia”, afirmó.
Vale destacar que existen antecedentes inmediatos orientados a paliar el impacto de las medidas económicas de Milei sobre las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Buenos Aires. En abril de 2024, el Legislativo provincial sancionó la Ley 15.485, mediante la cual declaró la emergencia económica de las empresas recuperadas por el plazo de 18 meses.
Mientras tanto, a fines del año pasado, el Gobernador firmó en Avellaneda, distrito que concentra 17 fábricas operativas gestionadas por sus trabajadores, el decreto que prorrogó el beneficio por un año más.
En aquel momento, el sector calificó la prórroga como una medida “clave”, dado que el 36% de las fábricas recuperadas producen en propiedades en quiebra o bajo litigio judicial. Además, otro 20% funciona en establecimientos abandonados por sus antiguos propietarios.
Según datos del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), la Provincia cuenta con 155 empresas recuperadas que reúnen a más de 4.100 trabajadores, de las cuales el 67% se ubica en municipios del conurbano bonaerense, mientras que el resto se distribuye en distritos del interior como Bahía Blanca, Azul, Mar del Plata y Bragado, entre otros.
“Frente a ello, el proyecto de ley que se acompaña propone mantener una medida paliativa en el camino de profundizar el fortalecimiento de un sector que debe ser doblemente amparado por el sistema protectorio laboral y por el sistema protectorio cooperativo”, concluyó Malpeli, quien destacó a las empresas recuperadas bonaerenses como un ejemplo de “organización y autogestión socio productiva”.
