La situación política en Mar del Plata continúa tensa luego de que la justicia prohibiera a tres funcionarios municipales y a un sindicalista acercarse a menos de 200 metros de un puñado de concejales, incluyendo al radical Daniel Núñez, que ya había denunciado amenazas en su contra.
Cabe destacar que, esta medida sorprendió a propios y extraños, ya que los funcionarios involucrados pertenecen a la gestión del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y la prohibición se extenderá hasta que se resuelva la causa.
En detalle, los concejales Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero fueron objeto de una medida judicial que prohíbe al subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y a los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes, así como al titular de la CTA Autónoma, Christian Echeverría, acercarse a menos de 200 metros de ellos.
La medida que rige por tres meses establece que no pueden tener contacto de ningún tipo con los ediles. Si bien los tres funcionarios municipales se desempeñan en la secretaría de Desarrollo Social, que se encuentra a cargo de la también radical Vilma Baragiola estarían alineados al sector del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y con el del histórico Enrique “Coti” Nosigilia.
En esa clave, la tensión política en Mar del Plata se intensificó luego de que el concejal Núñez denunciara amenazas en su contra por parte del sindicalista Christian Echeverría, cuya hija Aldana se quedó con la presidencia de la Juventud Radical. Asimismo, la situación empeoró cuando la casa de la pareja del edil fue vandalizada con pintadas y el Concejo Deliberante fue cubierto de pegatinas.
Ante esto, Núñez amplió su denuncia y el Concejo de Mar del Plata aprobó un repudio unánime a las amenazas recibidas. Durante su discurso, el edil radical criticó la falta de solidaridad de algunos miembros de la coalición a la que pertenece.
Por su parte, desde la oposición aprovecharon para presionar a Montenegro. “El intendente Guillermo Montenegro cada vez que puede hace gala de su ‘transparencia’ pero ayer la Justicia dictaminó que tres de sus funcionarios no se pueden acercar a tres de sus concejales. ¿Cuando le va a pedir entonces la renuncia a estos violentos?”, cuestionó la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro.
En esa dirección, su compañero de banca, el concejal del Frente de Todos, Miguel Guglielmotti cuestionó que los “funcionarios de Montenegro” se dediquen a “amenazar a los concejales de su espacio político”.
