El Tribunal de Cuentas (HTC) bonaerense en las últimas horas formuló cargos por $623 mil contra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el exsecretario de Hacienda marplatense, Hernán Mourelle, al considerar que deberán responder con su patrimonio por los gastos ocasionados a la Municipalidad por los fallos en contra que acumuló en 2021 de vecinos que acudieron a la vía judicial, al no poder tramitar sus licencias de conducir por tener multas de tránsito impagas.
Como contraofensiva, el Gobierno de Mar del Plata ya elevó su descargo al Tribunal de Cuentas bonaerense en el que asegura que el jefe comunal Montenegro está exento de responsabilidad, ya que el problema con las licencias de conducir es una limitación impuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Vale recordar que, el fallo del tribunal presidido por Federico Thea encontró responsables a los funcionarios de la comuna de Mar del Plata por reclamar multas de tránsito adeudadas como condición para continuar con el trámite de renovación de la licencia de conducir. Esto se debe a que, desde 2019, una ordenanza prohíbe explícitamente a la Municipalidad hacer este tipo de reclamos.
Además, la justicia provincial emitió numerosos fallos donde se considera inconstitucional tal condicionamiento. La situación, afecta también al Gobierno del difunto Carlos Arroyo, ya que cinco de los ocho juicios corresponden a demandas iniciadas durante su gestión en 2019. Cabe mencionar que, en 2021, la comuna tuvo que pagar los costes de los ocho procesos.
De este modo, el Tribunal de Cuentas formuló cargos por $513 mil contra Montenegro, por tres juicios iniciados durante su Gobierno, y $110 mil contra Mourelle, quedando la responsabilidad del exintendente sin efecto debido a su fallecimiento a fines de diciembre de 2022.
La formulación de cargos, deberá ahora ser confirmada en nuevas actuaciones del organismo bonaerense, para finalmente transformarse en multa. El fallo del Tribunal de Cuentas, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, destaca que las acusaciones son resultado de los actos personales de los funcionarios que colocaron a la Comuna en situación de infracción.
“Se trata de actos personales de quienes colocaron a la Comuna en la situación de infracción que derivara en el reclamo judicial que ha causado un evidente perjuicio a las arcas del Municipio, el que debe ser reparado por los funcionarios en virtud de la carga que la Ley les impone”, sentenció el Tribunal de Cuentas, que encontró violentado lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La situación, podría incluso asumir una mayor magnitud en 2022, dado que la denegatoria se mantuvo a lo largo de ese año, donde se iniciaron al menos 31 causas en los juzgados Contencioso Administrativos de Mar del Plata. En todas ellas, la Comuna defiende el requisito de pedir la cancelación de las multas, apelando incluso ante la Cámara los fallos adversos recibidos en Primera Instancia.
Cabe destacar que, el conflicto en torno a las licencias de conducir en Mar del Plata se remonta a 2018 cuando una sentencia judicial declaró inconstitucional un artículo de la Ordenanza Fiscal 21.021 que requería que los ciudadanos no tuvieran multas de tráfico pendientes para renovar su licencia.
En aquel momento, el Tribunal de Cuentas emitió un fallo de 136 páginas sobre el asunto, destacando que el debate sobre el artículo se había estado desarrollando dentro del Gobierno de Arroyo desde 2016. En 2020, el Concejo Municipal aprobó la eliminación del requisito, pero los ciudadanos que aún adeudan multas fuera de Mar del Plata no pueden renovar sus licencias.
En esa clave, el alcalde Montenegro argumentó que el primer caso se inició cuando la ordenanza aún estaba en vigor y los dos casos posteriores estaban más allá de la responsabilidad del Municipio, ya que la Agencia Nacional de Seguridad Vial prohíbe la renovación de licencias para aquellos que deben multas.
Finalmente, el Municipio de Mar del Plata está trabajando para resolver el problema y obtener autorización para proceder con las renovaciones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas continuará investigando el asunto en el ejercicio de 2022.
