En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, ordenó que todos los legisladores del cuerpo que finalicen su mandato el próximo 9 de diciembre restituyan la totalidad de los despachos, lo que incluye espacios físicos, oficinas, dependencias, mobiliario y equipamiento electrónico e informático que se les haya asignado para cumplir con las funciones para las que fueron electos.
Según expresó el titular de la Cámara baja, esta disposición busca “desactivar la herencia y la negociación individual por los despachos” que era habitual entre los legisladores salientes y los entrantes, al tiempo que promete generar una nueva discusión en el seno de Diputados, que a partir de ahora distribuirá las oficinas a los legisladores entrantes.
Es preciso mencionar que, la medida fue formalizada y firmada por Menem el pasado 14 de noviembre, como respuesta a la “inminente renovación parlamentaria prevista para el 10 de diciembre”, y a la necesidad de reorganizar la distribución edilicia de la Cámara de Diputados conforme a la nueva integración del cuerpo legislativo.
En tanto, el eje de la resolución firmada por Martín Menem radica en la obligación de rendir cuentas sobre la administración de los bienes públicos, un principio consagrado en el artículo 1° de la Constitución Nacional, y enmarcado en la Ley 24.156 de Administración Financiera, y la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública citadas por el titular de la Cámara de Diputados.
Según el texto, la normativa vigente establece que los funcionarios deben garantizar la conservación y devolución de los bienes estatales asignados, independientemente de que hayan delegado su custodia en responsables patrimoniales. De este modo, la responsabilidad última permanece en cabeza de cada diputado nacional cuya banca vence el próximo 9 de diciembre.
Por caso, la resolución recuerda que el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso de la Cámara, aprobado en 2019 por el propio cuerpo, ya fijaba que los legisladores son responsables de la custodia y restitución de los bienes recibidos. De esta manera, la falta de devolución afectaría la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia institucional.
Por eso, la Presidencia de la Cámara de Diputados consideró necesario establecer un procedimiento claro para aquellos legisladores que finalicen su mandato, y sanciones concretas para los ediles que no garanticen la integridad del patrimonio legislativo que se les fue otorgado al inicio de su gestión.
El procedimiento dispuesto es preciso: quienes culminen su mandato deberán restituir los bienes y espacios asignados hasta el 9 de diciembre del año de finalización de su mandato. En el caso de cese por otros motivos, el plazo será de 48 horas desde la notificación formal de la finalización de funciones.
Además, las autoridades de todos los bloques políticos deberán cumplir con la restitución de los espacios y bienes asignados en la misma fecha límite, a fin de permitir la reestructuración edilicia y la reasignación de las oficinas de la Cámara conforme a criterios de funcionalidad y eficiencia.
Martín Menem incorporó sanciones económicas
La resolución introduce un mecanismo de sanción económica para quienes incumplan con la obligación de devolución. En esos casos, se procederá al descuento de la última dieta (el salario que percibe el legislador) hasta cubrir el valor total de los bienes no restituidos, según la valuación establecida en el reglamento interno.
En ese sentido, el texto que lleva la firma de Martín Menem es explícito: “el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos”.
En los casos en que el valor de los bienes no devueltos supere el monto de la liquidación final y el legislador no abone la diferencia, la resolución instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara de Diputados a iniciar las acciones judiciales necesarias para recuperar los bienes o su valor equivalente. El documento ordena también a la Dirección General de Recursos Humanos que ejecute las retenciones previstas, en coordinación con el Departamento de Patrimonio.
En tanto, la decisión del presidente de la Cámara se apoya en la premisa de que los espacios físicos y los recursos asignados a los legisladores, bloques y comisiones constituyen un recurso institucional común, cuya distribución debe responder a criterios de racionalidad, equidad y operatividad. En palabras del texto, “la adecuada restitución de los bienes patrimoniales al momento del cese de funciones constituye una obligación esencial derivada de la responsabilidad patrimonial individual de cada funcionario público”.
Por otro lado, la resolución deroga toda norma previa que se oponga a estas disposiciones y establece que la última dieta de los legisladores salientes solo se hará efectiva una vez producida la devolución de los bienes y espacios asignados. Con esta medida, la Cámara de Diputados busca fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, en línea con los principios republicanos y la ética en la función pública.
