El Gobierno nacional oficializó una serie de designaciones en áreas clave de la administración pública, luego de las renuncias registradas durante las últimas semanas en organismos bajo la órbita de los ministerios del Interior y de Economía. Las decisiones quedaron formalizadas mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei y publicados en el Boletín Oficial durante la madrugada de este viernes.
Uno de los cambios centrales se produjo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde la conducción libertaria designó a Damián Selem como Subdirector Nacional del organismo. El nombramiento regirá a partir del 1 de febrero, según lo establecido en el Decreto 76/2026, y se enmarca en una reconfiguración de la conducción del área.
La designación de Selem se concretó luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Benito Molver, quien ocupaba el mismo cargo. En el decreto correspondiente, el Ejecutivo nacional expresó un agradecimiento formal al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión al frente del organismo.
En la misma línea, la administración de Milei confirmó la salida del director nacional del RENAPER y dispuso que el abogado Diego Pérez Lorgueilleux asuma esa función a partir del 1 de febrero. El cambio quedó oficializado mediante el Decreto 33/2026, que llevó la firma del Presidente y del ministro del Interior, Diego Santilli, y apuntó a completar la nueva estructura de conducción del organismo responsable de los documentos de identidad.
Los movimientos también alcanzaron al ámbito financiero, donde el Gobierno designó a Jaquelina Truzzel como directora del Banco de la Nación Argentina. De acuerdo con el Decreto 70/2026, su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 pasado y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N°21.799.
Este nombramiento se produjo semanas después de que Darío Wasserman asumiera la presidencia del Banco Nación, en reemplazo de Daniel Tillard. En ese marco, la Casa Rosada destacó que la nueva conducción impulsa una línea orientada al regreso del crédito al sector privado y al retiro del financiamiento directo al sector público.
En el área de Transporte, el Gabinete libertario designó a Maximiliano Patti como Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a partir del 19 de diciembre de 2025, mediante el Decreto 67/2026. El funcionario reemplazó a Carlos Frugoni, quien pasó a desempeñarse como secretario Coordinador de Infraestructura dentro del Ministerio de Economía.
En paralelo, el Gobierno oficializó la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte y la designación del arquitecto Fernando Herrmann como nuevo titular del área, a partir del 22 de enero, mediante el Decreto 47/2026. Además, el Ejecutivo también formalizó las renuncias de los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), en el marco de una reorganización profunda del sistema de transporte.
Tras la presión política, Milei firmó el decreto de emergencia ígnea en cuatro provincias
El presidente Javier Milei decretó la emergencia ígnea en cuatro provincias patagónicas, luego de una escalada de reclamos de Gobernadores y organizaciones políticas que exigían una respuesta inmediata frente al avance de los incendios forestales. La medida declaró zona de desastre a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, en un contexto de daños ambientales de gran magnitud registrados desde principios de enero.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial estableció que la emergencia permitirá “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios”. En ese marco, el texto oficial advirtió que “la gravedad de la situación hace imposible seguir el trámite legislativo habitual”, al justificar el uso del instrumento excepcional firmado por el mandatario y su gabinete.
La norma también otorgó un rol central a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, que quedó facultada para coordinar el combate del fuego, la asistencia a las personas afectadas y el apoyo directo a los gobiernos provinciales. Desde el Ejecutivo, precisaron que esas acciones se desplegarán en articulación con las provincias alcanzadas y los municipios involucrados, bajo los lineamientos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Previo a la publicación del decreto, sectores del peronismo y organizaciones sociales habían convocado a una movilización frente al Ministerio de Seguridad para reclamar la sanción de la emergencia ígnea. En paralelo a esa presión política, el Gobierno nacional confirmó la asignación de $100 mil millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios para la compra de equipamiento y materiales, una decisión que buscó reforzar la respuesta operativa del Estado frente al avance del fuego.
