El Gobierno nacional avanzó en la privatización de empresas públicas y en el marco de la Ley Bases llamó a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas del Comahue: se trata de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A
La medida fue confirmada mediante el Decreto 895/2024 publicado este jueves en Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según dispone el texto oficial, a lo largo de 180 días corridos, se llevará a cabo la transformación de estas hidroeléctricas públicas, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias en coordinación de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario de cada una de estas sociedades del Estado.
“Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades”, establece el decreto.
En ese sentido, en el considerando de la nueva normativa, alegan que la recién creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas “debe intervenir en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de privatización, venta total o parcial de paquetes accionarios, como así también participar en la elaboración y aprobación de la documentación contractual necesaria para llevar adelante los procedimientos de iniciativa privada y privatización y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional las adjudicaciones que se realicen”.
En este contexto, desde la administración nacional resolvieron también que la Secretaría de Energía, tendrá la facultad de fijar las pautas del concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades. Tal como indica la normativa, “deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: Contrato de Concesión, perímetro y descripción, inventario, seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; normas de manejo de aguas; guardias permanentes; protección del ambiente; seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios”.
A mediados del mes de agosto, el Ejecutivo nacional había dispuesto la prórroga por un plazo máximo de un año las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas, por lo que no pasaron a manos de la empresa Energía Argentina, como se preveía hace unos meses, para continuar en manos de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. Sin embargo, el decreto de la prórroga es anterior a la creación de la agencia dedicada a la privatización de las empresas públicas, por lo que el Gobierno adecuó la normativa vigente para que esa área sea la encargada de avanzar en esa línea.
En paralelo, la actual conducción nacional derogó el Decreto 19/2024, el cual establecía que dotaba de potestad a la cartera de Energía para nombrar a los directores o interventores de las empresas y sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria donde el Estado haga uso de sus derechos de participación o representación.
Vale recordar que, los gobiernos de Neuquén y Río Negro mantienen un reclamo de años en torno a la gestión de las hidroeléctricas que generan energía sobre los ríos provinciales debido a que son son recursos naturales propios. De hecho, durante el último tramo del mandato de Alberto Fernández, el Ejecutivo negociaba con ambas provincias un esquema para que las hidroeléctricas del Comahue fueran manejadas por el Estado.
Centrales hidroeléctricas: como será el proceso de privatización
Actualmente, las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue que el Gobierno busca reprivatizar, se encuentran en manos de empresas privadas en sociedades con el Estado. Sin embargo, según reportan desde la gestión nacional, todos los contratos de concesión se encuentran vencidos.
- Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A (que incluye su regulador, Arroyito) está en manos de la compañía italiana Enel, pero su concesión original venció en 2022.
- Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A, en manos de la empresa argentina Aconcagua, tiene vencido el contrato desde hace dos años.
- Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, por su parte, está concesionada a la estadounidense AES, con los mismos plazos que las anteriores.
- Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A está manejada por Central Puerto. Su concesión venció en 2023.
Durante este período, los actuales concesionarios seguirán operando las hidroeléctricas hasta que se concrete su transferencia al sector privado. Hasta el momento, el paquete accionario de estas cuatro empresas está en manos de Enarsa (con el 98% de las acciones) y NASA (con el 2%), de forma “transitoria”, hasta que se complete la privatización.
Según lo establecido en el decreto del Gobierno nacional, el proceso de oferta del paquete accionario mayoritario deberá incluir diversos anexos, como el contrato de concesión, inventarios, normas de manejo de aguas y la protección ambiental, entre otros. Además, la Secretaría de Energía esta facultada para gestionar las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos, asegurando la continuidad del funcionamiento de las plantas.
Vale remarcar que, cada empresa o sociedad a privatizar debe presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, procedimientos, modalidades y plazos. Este informe también es enviado a la Comisión Bicameral del Congreso para su revisión.
Finalmente, el Gobierno deberá convocar ofertas del sector privado para quedarse con las hidroeléctricas, tras la autorización del Ejecutivo. La normativa aclara que, antes de formalizar los contratos, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación deben revisar los documentos pertinentes. En caso de observaciones, se requerirá un nuevo informe antes de proceder.
