El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a referirse este viernes a la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, luego de que la administración nacional dictara la conciliación obligatoria a las medidas de fuerza que inició el personal médico por 48 horas en reclamo de mejoras salariales.
“La situación la han politizado ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos, a pesar de que se les giró una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo”, afirmó el presidente libertario.
Acto seguido, Milei insistió con la presencia de ñoquis y “empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo” que “inventan curros en torno a lugares sensibles y cuando desactiva lo tratan de insensible”. “No hay que dejarse psicopatear por los mentirosos”, añadió en declaraciones a un portal de streaming.
Es que, la institución pediátrica afronta una situación de suma tensión con la gestión libertaria producto del vaciamiento que sufre el nosocomio. En efecto, el personal de salud denuncian una pérdida del 53% del salario real desde diciembre de 2023 y rechazan la oferta de miseria del Ejecutivo, que incluye un aumento del $200.000 financiado con fondos propios del hospital.
En detalle, los residentes del Hospital Garrahan sostienen que trabajan 70 horas semanales y perciben un salario de $797.000 mensuales, lo que equivale a $2.846 por hora. Esta remuneración está por debajo de la canasta básica familiar, calculada en $1.110.063, y representa una caída del 53% en el salario real desde diciembre de 2023.
Ante el reclamo, el Ministerio de Salud nacional, a cargo de Mario Lugones, encargado del 80% del presupuesto, afirmó que el nosocomio “tiene un desorden administrativo”, al tiempo que afirmó que “no van a financiar la ineficiencia”. “No es de falta de fondos, sino de una mala administración de los recursos existentes”, agregaron desde la cartera.
En esa línea, la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, anunció que desde el 1º de junio el Gobierno implementará un sistema biométrico para controlar la asistencia del personal, con el objetivo de garantizar que los recursos del Hospital Garrahan “se utilicen de manera eficiente”, y afirmó que “la gestión actual está saneando el hospital de irregularidades ocultas y ahora lo reordena para que los médicos ganen más con mejor administración”.
Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la institución, el secretario general Alejandro Lipcovich cuestionó las declaraciones de Loccisano y exigió una recomposición salarial.
“Si el número fantasioso de esta persona fuera cierto, con el gobierno de Milei habrían entrado 500 administrativos nuevos. Obviamente es un verso. Si siguen con esta política el Garrahan se hunde. Recompongan salarios”, insistió el gremialista.
La crisis en el Hospital Garrahan que refleja la situación del sistema sanitario en la gestión Milei
El conflicto en el Hospital Garrahan refleja la situación crítica que viven todos los nosocomios inmersos en el sistema de salud pública, y de los profesionales del sector que enfrentan condiciones laborales precarias y salarios insuficientes.
Es que, la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional y las medidas de ajuste implementadas generaron un clima de tensión y malestar entre los trabajadores del Garrahan y otras instituciones sanitarias, que exigen soluciones urgentes para garantizar la atención médica de calidad a los pacientes.
Por eso, la movilización de los trabajadores del Hospital Garrahan se suma a otras protestas en el sector de la salud, en un contexto de ajuste y recortes presupuestarios que afectan a los hospitales públicos en todo el país. Sin embargo, la situación del nosocomio ubicado en Pichincha 1890 es especialmente preocupante, dado que se trata del principal centro de atención pediátrica de Argentina, que atiende anualmente a 600.000 pacientes y realiza unas 10.000 cirugías, incluidos alrededor de 100 trasplantes pediátricos.
La crisis en el Garrahan pone en evidencia la necesidad de una política de salud pública que garantice condiciones laborales dignas para los profesionales y una atención de calidad para los pacientes, mientras los trabajadores exigen una respuesta inmediata por parte del Gobierno, que permita resolver el conflicto y evitar el colapso del sistema de salud pública.
