Este viernes, el Gobierno nacional de Javier Milei anunció su decisión de transferir las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse a la Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que licitará ambos complejos que supieron ser un emblema del turismo social en Argentina, y determinará su concesión o futura venta.
De acuerdo al discurso oficial del Gobierno, la licitación de los complejos vacacionales busca reducir el déficit económico que, según el Ejecutivo, generan anualmente, aunque desde distintos sectores se cuestionó el impacto que tendrá la medida en el acceso al turismo social y en la preservación patrimonial.
Si bien el anuncio oficial se realizará la próxima semana, en una de las conferencias de prensa encabezadas por Manuel Adorni, la información ya comenzó a circular y generó una fuerte reacción en el ámbito político. Es que, un borrador filtrado en los últimos días, calificó a las unidades turísticas de “inecesarias”, lo que encendió la alarma entre quienes defienden estos espacios como emblemas de la política de turismo social impulsada históricamente por el peronismo.
Según fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, el traspaso de los complejos de Chapadmalal y Embalse a la AABE permitirá iniciar una licitación que atraerá inversión privada, y generará nuevos puestos de trabajo en ambas localidades.
Sin embargo, la continuidad de los trabajadores actuales dependerá de las condiciones que impongan los futuros concesionarios. Actualmente, en Chapadmalal hay alrededor de 30 empleados, mientras que en Embalse opera un equipo reducido, ambos a la espera de refuerzos de seguridad proporcionados por la AABE.
Por caso, el Gobierno de Milei sostiene que los costos de mantenimiento de los complejos generaban una pérdida de más de 10 millones de dólares anuales, aunque esta cifra se redujo a 1 millón en el último año. A su vez, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina envió una carta al titular de Turismo, Daniel Scioli, manifestando su desacuerdo con la administración estatal de estos complejos.
En el escrito, la Federación argumentó que el rol del Estado en el sector hotelero y el mantenimiento de los complejos de Chapadmalal y Embalse genera una “competencia desleal” que afecta a los establecimientos privados en Mar del Plata y la zona de Embalse, perjudicando la actividad económica local.
Otro aspecto relevante en la licitación de los complejos es el destino de los objetos del Museo Eva Perón, ubicado en Chapadmalal. Según fuentes del Gobierno, los mismos serán trasladados a San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, donde seguirán bajo gestión pública. Mientras tanto, la Residencia Presidencial de Chapadmalal no formará parte del proceso de licitación y continuará bajo la órbita del Estado.
En tanto, la posibilidad de venta o concesión de los complejos vacacionales presentará ciertos obstáculos legales para el Gobierno de Milei, ya que los terrenos donde están emplazados fueron expropiados y están declarados patrimonio histórico cultural. Esto podría impedir una venta directa, aunque fuentes del oficialismo adelantaron que podrían impulsar modificaciones normativas para facilitar la operación.
La decisión de Milei también despertó críticas de la oposición y de sectores vinculados al turismo social. Por ejemplo, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, cuestionó la medida y acusó al Gobierno nacional de ceder ante los intereses de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica. “Este Gobierno nacional rompe una vez más los derechos de las clases populares”, declaró.
Por su parte, el exministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó que Chapadmalal y Embalse son parte del patrimonio histórico y cultural del país, y advirtió que “cerrarlas es una enorme burrada”, en referencia al proceso de licitación que busca privatizar su gestión.
Por decisión de Milei, el turismo social enfrenta un futuro incierto
Mientras el Gobierno de Milei avanza con los procedimientos administrativos, el debate en torno a la medida sigue creciendo. Los defensores del turismo social sostienen que estos complejos han sido históricamente un espacio de acceso para sectores vulnerables, permitiendo a miles de personas disfrutar de vacaciones a precios accesibles.
En contraposición, el Gobierno nacional insiste en que la gestión privada de los complejos vacacionales creados para la promoción del turismo social “permitirá optimizar los recursos y generar nuevos empleos”.
En tanto, en los próximos días la AABE definirá los términos de la licitación y se conocerá si efectivamente los complejos seguirán abiertos al público o si la privatización traerá consigo un cambio radical en el acceso y el uso de estos emblemas del turismo social argentino.
