Luego del rechazo de los pliegos judiciales en el Senado de la Nación, el juez federal Alejo Ramos Padilla interviene en una causa que analiza la legalidad del procedimiento por el cual el Gobierno nacional intentó avanzar con las designaciones de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo a través de un decreto.
Ramos Padilla aclaró este viernes durante una entrevista radial, que su intervención no solo limita la participación de Manuel García-Mansilla en causas de la Corte Suprema de Justicia, sino que también obliga al resto de los jueces del tribunal a no remitirle expedientes ni permitirle intervenir.
“No es una cuestión de nombres: ni de García-Mansilla ni Ariel Lijo. Es un procedimiento que está bajo análisis del Poder Judicial y, a prima facie, se considera contrario a ciertas normas de la Constitución Nacional”, sostuvo el magistrado.
En este contexto, el magistrado federal remarcó que su decisión “rige para todos los jueces de la Corte” porque “todos conocen que deben abstenerse de que García-Mansilla tome conocimiento de los expedientes”.
El fallo judicial llega tras una presentación realizada por un grupo de abogados que pidió suspender las designaciones en comisión. Si bien en el caso de Lijo, la jura no se concretó, García-Mansilla ya había asumido, por lo que esa diferencia impidió aplicar una medida cautelar con efecto inmediato.
En ese sentido, Ramos Padilla explicó que al presentarse en el expediente, García-Mansilla ya había adelantado cómo actuaría si el Congreso rechazaba su designación. “Lo que él dijo en el expediente es que se va a mantener en el cargo hasta el final del año parlamentario o hasta el próximo año parlamentario y sólo podía ser removido por juicio político”, aseguró.
Asimismo, el juez federal también cuestionó el uso del decreto como mecanismo para designar jueces en comisión. Según detalló el magistrado, no existe una práctica institucional sólida que justifique este tipo de nombramientos sin la aprobación del Senado y recordó además, que en el pasado se recurrió a esa vía únicamente en contextos de excepción.
“En 1962, durante la presidencia de José María Guido, se designaron jueces en comisión luego de cerrar el Congreso. Esa fue una medida adoptada en un escenario de emergencia institucional”, explicó.
Para Ramos Padilla, el caso no se limita a los dos postulantes enviados por el Gobierno libertario y también podría tener impacto en la cobertura de un número mayor de vacantes. “Lo que se evalúa es si esta modalidad puede aplicarse, no solo para este miembro de la Corte, sino también para el 30% de las vacantes en el Poder Judicial”, indicó.
En relación al alcance del fallo, el jurista defendió la posibilidad de que un juez inferior revise actos de mayor jerarquía cuando se trata de cuestiones constitucionales y señaló que cualquiera de ellos tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una medida si vulnera la legalidad. “Los jueces no tienen sangre azul”, sostuvo.
Vale remarcar que esta medida judicial llega luego de que el Senado rechazara los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar a García-Mansilla y Ariel Lijo como nuevos miembros del máximo tribunal. No obstante, la situación de ambos jueces es distinta: mientras García-Mansilla juró en el cargo y firmó resoluciones, Lijo nunca asumió funciones y sigue en el juzgado federal que ya integraba.
Lorenzetti se despegó de García-Mansilla
La definición judicial del juez de La Plata coincidió con declaraciones de su par de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien se refirió al rechazo parlamentario de los pliegos de Lijo y García-Mansilla. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, expresó.
En ese contexto, Lorenzetti también opinó sobre la votación del último jueves en la Cámara alta y marcó distancia de la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei. “El Senado tomó una decisión respetable”, aseveró el magistrado.
En tanto, la Corte deberá definir cómo responde al pronunciamiento judicial y si limitará formalmente la participación de García-Mansilla en las causas. Por ahora, el catedrático permanece en el cargo, mientras el Ejecutivo analiza los pasos a seguir tras el revés legislativo y judicial.
Finalmente, el juez Ramos Padilla concluyó que la situación requiere una resolución rápida y definitiva. “Debe alinearse con los principios constitucionales y respetar la legalidad de los actos administrativos y judiciales en juego”, sentenció.
