En las últimas horas, el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Salud, Mario Lugones, oficializaron en el Boletín Oficial una profunda reestructuración dentro de la cartera que impacta directamente en la administración, al igual que en la gestión del área de discapacidad, que incluye una redefinición del organigrama, la eliminación de dependencias y la concentración de funciones claves vinculadas a pensiones por invalidez.
Es preciso mencionar que, la normativa establece una reorganización integral de los niveles operativos del Ministerio de Salud, al tiempo que dispone que la cartera pasará a centralizar la ejecución de políticas públicas vinculadas a la discapacidad, lo que incluye tanto la planificación estratégica como la implementación concreta de programas y beneficios, además del otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez contempladas en la legislación vigente.
En ese marco, el decreto que lleva la firma de Lugones aprueba un nuevo organigrama que introduce modificaciones en áreas administrativas, técnicas y sanitarias, a la vez que redefine el funcionamiento de direcciones, con el objetivo declarado de ordenar circuitos internos, mejorar la articulación entre dependencias y optimizar la gestión de recursos humanos, tecnológicos, jurídicos e institucionales, en línea con la lógica que persigue el Gobierno de otorgar “mayor eficiencia operativa” al Estado.
Entre los cambios más relevantes, la reestructuración del Ministerio de Salud contempla la creación de nuevas dependencias específicas para el abordaje de la discapacidad, entre las que se destacan la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios, organismos que tendrán a su cargo tareas vinculadas al análisis de solicitudes.
Asimismo, en medio de losreclamos de los familiares de personas con discapacidad por la aplicación de la ley que declara la emergencia en el sector, el decreto incorpora la creación del Observatorio de Discapacidad, un espacio que estará destinado a la producción, sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, servicios y beneficios, herramienta que, según el Gobierno, permitirá generar datos para evaluar el impacto de las políticas públicas, al tiempo que busca “aportar mayor trazabilidad en la gestión del área”.
En paralelo, Lugones avanzó con la reorganización de las áreas con presencia territorial, que pasarán a intervenir en procesos clave como la evaluación de solicitudes, la determinación de beneficios y el seguimiento de su implementación en distintas jurisdicciones, mientras que también se reordenan los sectores encargados de administrar pensiones no contributivas, con foco en la estandarización de procedimientos y en el control de expedientes para evitar irregularidades.
En tanto, la reestructuración del Ministerio de Salud también implica la eliminación de diversas unidades existentes, entre ellas la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y varias coordinaciones que dependían de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, además de cargos asociados a auditorías internas, en una decisión que apunta a reducir superposiciones y simplificar la estructura administrativa del organismo.
Finalmente, el decreto de Lugones redefine las funciones de control bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación, a la que se le asignan nuevas competencias en materia de evaluación de riesgos, seguimiento de planes y supervisión de informes. Por su parte, el Gobierno sostiene que estos cambios en el Ministerio de Salud buscan “fortalecer la transparencia, mejorar los mecanismos de fiscalización y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos” destinados al sistema de salud y discapacidad.
Con respaldo del Ministerio de Salud, Milei oficializó la salida de Argentina de la OMS
La semana pasada, el Gobierno nacional formalizó la salida de la Argentina de la OMS, una decisión que se hizo efectiva al cumplirse un año de la notificación oficial, y que fue confirmada públicamente por el canciller Pablo Quirno, que a través de la red social X anunció la aplicación de la medida.
Es preciso mencionar que, la decisión había sido anunciada inicialmente el 5 de febrero de 2025 por Manuel Adorni, quien durante una conferencia de prensa sostuvo que desde el Gobierno no van a “permitir que un organismo internacional intervenga en la soberanía, mucho menos en la salud”, mientras que horas después el propio Milei reforzó esa postura al cuestionar duramente al organismo internacional, y afirmar que desde la OMS “fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola”.
En ese marco, la decisión del Ejecutivo argentino se inscribe en una línea política que encuentra puntos de contacto con la adoptada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, quien el 20 de enero de 2025, en su primer día de mandato, firmó una orden ejecutiva para retirar a ese país del mismo organismo, lo que evidencia una coincidencia en la crítica al rol de las instituciones multilaterales en materia sanitaria.
Asimismo, en el comunicado difundido en febrero de 2025, la administración de La Libertad Avanza argumentó que la OMS, creada en 1948 para coordinar la respuesta frente a emergencias sanitarias globales, “falló en su mayor prueba de fuego” durante la pandemia y “promovió cuarentenas eternas”, al tiempo que planteó que resulta necesario “repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales que no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados”.
Por otra parte, el Gobierno ya había anticipado su postura en junio de 2024, cuando anunció que la Argentina no adheriría al denominado tratado pandémico impulsado por la OMS, un acuerdo orientado a la prevención y respuesta frente a futuras crisis sanitarias, y en ese contexto desde el Ministerio de Salud indicaron que el país no suscribiría ningún compromiso que pudiera “afectar temas de soberanía nacional y las capacidades existentes”.
En paralelo, se registró la circulación de diversas versiones erróneas en torno a ese tratado internacional, algunas de las cuales sostenían que la OMS tendría facultades para imponer medidas obligatorias a los Estados o incluso ubicarse por encima de sus marcos legales, aunque esas afirmaciones fueron desmentidas por verificaciones independientes que señalaron que el organismo cumple un rol técnico y de asesoramiento.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud sólo tiene la potestad de emitir recomendaciones y lineamientos para mejorar la salud pública y prevenir enfermedades en los países, pero carece de potestad para obligar o sancionar a los países miembros, por lo que sus directrices no tienen carácter vinculante, un aspecto central en el debate sobre el alcance real de su influencia en las políticas nacionales.
