Este jueves, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, apuntó contra el proyecto que busca declarar la educación como servicio estratégico esencial, y advirtió que la aprobación de la Ley Finocchiaro atenta contra los derechos de los docentes y auxiliares.
Para Correa, definir a la educación “como un servicio esencial atenta contra los derechos al trabajo y a la huelga de las y los trabajadores escolares, porque con el pretexto de garantizar las clases, se busca limitar el derecho a la protesta del que legítimamente hoy pueden hacer uso el pueblo trabajador cuando las condiciones laborales no estén garantizadas”.
Es preciso mencionar que, el objetivo de la Ley presentada por el diputado Alejandro Finocchiaro es “garantizar los 180 días de clases de las escuelas públicas del país”, y evitar que los alumnos de primaria y secundaria “pierdan días de clases” debido a los paros que llevan adelante los docentes y auxiliares para reclamar, entre otras cosas, incrementos salariales acordes a la inflación.
Por su parte, los gremios docentes y auxiliares criticaron que, con la excusa de una supuesta reforma que revalorice la Educación, el proyecto de Ley Finocchiaro tiene como pretensión final “cercenar cualquier tipo de protesta de los educadores, desconociendo que el ejercicio del derecho a huelga es siempre la respuesta lógica a la falta real de inversión y abandono del Estado sobre la Educación Pública”.
En esa línea, el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que responde de manera directa a Axel Kicillof, afirmó que la propuesta del Gobierno de Javier Milei de convertir a la educación en un servicio esencial a través de la Ley Finocchiaro es un “intento más para desguazar al Estado y recortar la inversión estatal en áreas estratégicas”.
Asimismo, Correa advirtió que el Gobierno de La Libertad Avanza sigue una “peligrosa línea de gestión, que intenta retrotraernos a todos a una sociedad pre-peronista que destruye los derechos de los trabajadores de todas las áreas y fulmina a la industria nacional en todos sus niveles”.
En tanto, el funcionario bonaerense advirtió que, de aprobarse la Ley Finocchiaro, la educación primaria y secundaria “dejaría de ser un derecho social consagrado por la Constitución y las leyes de la República para convertirla en un bien de mercado, regido por las leyes de la oferta y la demanda”.
Cabe destacar que, por el momento, el proyecto de Ley Finocchiaro sólo tiene media sanción en la Cámara de Diputados, por lo que aún resta un amplio debate en el Senado nacional, donde el peronismo, que se opuso en la Cámara baja, puede habilitar negociaciones con otros bloques para frenar la normativa.
Qué dice el proyecto de Ley Finocchiaro que criticó el ministro de Kicillof
El primero de los artículos del proyecto de Ley Finocchiaro establece a la educación como “servicio estratégico esencial” como lo es, por ejemplo, la salud. De esta manera, la normativa señala que en caso de huelgas o paro, debe haber guardias mínimas con personal docente y no docente presente en todos los establecimientos educativos que se adhieran a la medida de fuerza.
En concreto, el proyecto de Ley Finocchiaro que obtuvo media sanción en Diputados con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, busca dar un golpe a los paros que suelen darse en los establecimientos educativos de nivel inicial, primaria y secundaria, que según una parte de la Cámara baja atenta contra el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina.
Así, el proyecto de Ley Finocchiaro plantea un esquema en el que cuanto más largo es el paro del cuerpo docente o no docente, mayor cantidad de personal debe haber en la institución, y en ese sentido, establece que en los primeros dos días de huelga el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto para garantizar las clases.
En esa línea, el proyecto sostiene que a partir del tercer día de paro, ya sea continuo o discontinuo, deberá estar el 50% del “personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles”, y explica que la huelga “podrá hacerse, pero bajo esas condiciones y se computará como injustificada la ausencia del personal afectado a la guardia”.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos, el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló Finocchiaro en la presentación del proyecto.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada de los paros y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante los mismos.
