La diputada bonaerense del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, solicitó que el gobernador Axel Kicillof interceda ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para suspender durante 180 días los bloqueos de cuentas y ejecuciones fiscales, además de impulsar planes de pago y evaluar medidas de alivio para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) sobre los impuestos provinciales.
En los fundamentos de la iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados, Minnaard sostiene que las pymes atraviesan una situación de “asfixia financiera” como consecuencia de los embargos preventivos y las ejecuciones fiscales de ARCA, en un contexto marcado por una inminente caída del consumo y las ventas, y por el aumento de los costos operativos fijos que tienen los emprendedores.
De acuerdo con el escrito de la diputada del radicalismo, la falta de liquidez lleva a que algunas empresas demoren el pago de sus impuestos para priorizar los salarios de sus trabajadores y los pagos a proveedores locales. En ese escenario, la legisladora cuestiona que el organismo recaudador nacional aplique bloqueos de cuentas bancarias y activos comerciales pocos días después de registrarse una mora.
“Lejos de ofrecer un marco de sostenimiento o tolerancia temporal, el organismo recaudador nacional automatizó los bloqueos de cuentas bancarias y activos comerciales a los pocos días de registrarse una mora. Según relevamientos de entidades gremiales empresarias basados en datos de la propia ARCA, entre el 75% y el 92% de estas medidas cautelares recaen sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva: las micro y pequeñas empresas”, expuso Minnaard en el escrito.
En ese marco, la diputada bonaerense explicó que el congelamiento de las cuentas bancarias tiene consecuencias inmediatas sobre el funcionamiento de los comercios y las pymes, ya que puede interrumpir la cadena de pagos, dificultar el giro comercial cotidiano y complicar el cumplimiento de los salarios. Por eso, la dirigente radical advierte que este escenario puede empujar a los establecimientos hacia la informalidad o el cierre definitivo.
Frente a esta situación, el proyecto solicita que el Ejecutivo bonaerense interceda ante las autoridades del Ejecutivo nacional y de ARCA para disponer una suspensión de 180 días de los bloqueos de cuentas y las ejecuciones fiscales, junto con la implementación de planes de pago viables para las pymes que tengan obligaciones pendientes.
“De igual manera, entendemos que la provincia de Buenos Aires debe predicar con el ejemplo, por lo que se solicita que se evalúen herramientas de alivio sobre los tributos bonaerenses, con el objetivo de otorgar un respiro integrado a aquellas pymes que sostienen la economía diaria de nuestros municipios”, completó Minnaard.
Un municipio suspendió los juicios por deudas a las pymes
La semana pasada, el municipio de General San Martín declaró la emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas hasta el 31 de diciembre y creó un Comité de Crisis para monitorear el impacto de la situación económica sobre la actividad comercial e industrial. La medida, impulsada por el intendente peronista Fernando Moreira y aprobada por el Concejo Deliberante sin apoyo del PRO y La Libertad Avanza, amplía el Plan de Alivio Fiscal que ya estaba vigente en el distrito.
La nueva ordenanza también contempla las deudas que las empresas mantienen con el municipio, ya que dispone la suspensión de las acciones judiciales en curso y del inicio de nuevos juicios por ese motivo. Además, el Comité de Crisis estará integrado por representantes del municipio, cámaras empresarias, sindicatos y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el objetivo de analizar el impacto de la caída de la actividad y proponer medidas para atender los problemas que surjan.
Al presentar la iniciativa, Moreira sostuvo que el distrito atraviesa “cifras críticas en cierre de pymes, desempleo y capacidad industrial utilizada”, que según afirmó actualmente se encuentra por debajo del 50%. “Pese al escenario adverso, quiero destacar la capacidad de resistencia del empresariado y de los trabajadores, y reafirmar el compromiso del municipio para acompañar al sector productivo, mientras se espera una salida política a la crisis”, señaló el intendente.
La situación también se refleja en los datos nacionales citados en el informe, que registró una baja neta de 26.448 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, de las cuales el 98% fueron pequeñas y medianas empresas. En la industria manufacturera, en tanto, se contabilizaron 4.020 unidades productivas menos y una pérdida de 97.312 puestos de trabajo registrados durante el mismo período, mientras que en junio de 2026 la utilización de la capacidad instalada fue del 59,1%.
