El diputado del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, solicitó al gobierno de Axel Kicillof a iniciar gestiones con las autoridades nacionales con el fin de resguardar a las pymes bonaerenses en la antesala del tratamiento en el Congreso de la ley para desregular el mercado de los biocombustibles.
La iniciativa de Miranda, que fue acompañada por sus compañeras de bancada Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, plantea que el tratamiento del proyecto de ley impulsado por los senadores nacionales de La Libertad Avanza contemple el resguardo del trabajo de las 10 empresas y pymes bonaerenses productoras de biodiésel.
“Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia interceda ante las autoridades nacionales competentes, a fin de procurar que cualquier modificación del régimen de biocombustibles preserve y fomente la actividad de las pequeñas y medianas empresas bonaerenses, y de los trabajadores que cumplen funciones en las mismas”, establece el proyecto elevado por el diputado del radicalismo.
En línea con la preocupación planteada la semana pasada por las autoridades de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), Miranda consideró que, de avanzar el proyecto en el Congreso, la producción de biodiésel se concentraría en grandes polos industriales de otras provincias, en detrimento de las pymes bonaerenses.
En mayo de este año, la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó un proyecto para derogar la Ley 27.640 (con vigencia hasta 2030) y aprobar un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, en el que se eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y se apunta a un “sistema de mayor competencia”, modificando la normativa de cupos y precios regulados de forma gradual.
En rigor, la iniciativa respaldada por el Gobierno nacional propone que la participación asegurada de las pymes se reduzca progresivamente del 7,5% actual al 5% y luego al 3% en 2030, para finalmente extinguirse el régimen específico el 31 de diciembre de ese año.
“Si bien el incremento del porcentaje de corte obligatorio de biodiésel puede consolidar un objetivo positivo en el desarrollo del sector, la preocupación radica en la forma en que se distribuiría el mercado entre los distintos actores de la cadena. La producción de biocombustibles constituye una actividad de relevancia estratégica para numerosas localidades del interior productivo”, puntualizó Miranda.
En ese marco, el legislador bonaerense de la Cuarta sección electoral consideró conveniente que el gobierno de Kicillof asuma una posición activa ante las autoridades nacionales, “procurando que cualquier modificación legislativa contemple las particularidades de las pymes regionales elaboradoras de biodiésel”.
En detalle, existen 25 plantas pymes que abastecen el mercado interno y están radicadas principalmente en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. El territorio bonaerense ocupa un lugar central en el sector, puesto que cuenta con diez plantas y un cupo anualizado de producción de 346.000 toneladas, el cual constituye, junto con Santa Fe, aproximadamente el 80% del volumen total asignado para abastecer al mercado interno.
Es preciso destacar que la iniciativa del Gobierno nacional de reformar la Ley Nacional de Biocombustibles encontró un recibimiento dispar entre las agrupaciones del sector, que la semana pasada acudieron a la comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados bonaerense para alertar sobre las consecuencias que tendrá la desregulación del mercado que plantea el proyecto de ley impulsado por la gestión de Javier Milei.
Desde CEPREB indicaron que la legislación actual prevé que las pymes abastezcan al mercado interno y las aceiteras exportan, con lo cual la desregulación impondrá una “competencia desigual”. “Las aceiteras son dueñas de las materias primas y tienen el control de los precios”, graficaron.
“El proyecto de Bullrich apunta a que las empresas pymes pasen a competir libremente contra las grandes aceiteras multinacionales, esto es imposible porque las aceiteras son dueñas de las materias primas, tienen el control de los precios, una menor carga impositiva y las plantas más grandes del país”, expresó a este medio el director Ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli.
Por el contrario, la industria de biodiésel y la del aceite de soja nucleadas en CARBIO y en CIARA consideran prioritario que el Senado de la Nación avance con el tratamiento y dictamen para dar media sanción al proyecto de Bullrich para establecer nuevo marco regulatorio.
De que trata la nueva ley de biocombustibles
La Ley 26.093 de 2006 fijó la mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, estableciendo un corte del 12% de bioetanol en la nafta y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, junto con incentivos fiscales para la construcción de plantas productoras en localidades del interior, para promover alternativas energéticas renovables.
El proyecto de ley elevado por Bullrich plantea reformar la normativa, es decir, aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil de 7,5% a 10% y el de bioetanol en las naftas de 12% a 15%, como así también establecer un sistema electrónico para la comercialización.
En los fundamentos del texto, que comenzó a tratarse en comisiones del Senado nacional, la legisladora libertaria señaló que la iniciativa tiene el objetivo de promover la competitividad, alentar las inversiones en el sector y facilitar la transición hacia un “mercado dinámico, desregulado y libre de acuerdos entre privados”.
De acuerdo con la visión oficial, el sector productivo argentino de biocombustibles, principalmente biodiésel y bioetanol de maíz, alcanzó una escala industrial y tecnológica que permite competir sin precios administrados ni un mercado cautivo. No obstante, la iniciativa generó rechazo de pymes y sectores de la industria automotriz como ADEFA.
