El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de videos donde se muestran desalojos a personas en situación de calle y cuidacoches en Mar del Plata lo que desató fuertes críticas del bloque de concejales de Unión por la Patria (UP), organizaciones sociales y sectores de la Iglesia Católica que cuestionaron duramente las políticas municipales.
En este contexto, el bloque opositor de Unión por la Patria (UP) acusó al intendente del PRO de actuar de manera “cobarde”. En un comunicado titulado “Montenegro, sos un cobarde”, la bancada peronista expresó: “Te hacés el bravo con gente en situación de calle. Hacés que trabajadores municipales protagonicen videos crueles. Y al final, todo sigue igual. La seguridad en Mar del Plata está peor que nunca”.
En la misma línea, los ediles de UP denunciaron que el Gobierno marplatense utiliza recursos públicos para propaganda política en lugar de destinarlos a la seguridad. “Mientras hacés papelones en redes sociales, la inversión en seguridad para 2025 es menor que la del año pasado. Usás la plata de los marplatenses para tu campaña, pero te olvidás de resolver los problemas de los vecinos”, señalaron desde la oposición.
El conflicto comenzó cuando Montenegro publicó un video en sus redes sociales en el que un agente de la Patrulla Municipal golpea a un hombre que estaba siendo desalojado por dormir en la calle. En las imágenes, editadas y musicalizadas, el intendente escribió: “Cuando se dice basta, es basta. Andá a boquear a la autoridad en otro país… Terminás preso o abatido”.
La publicación despertó un rechazo generalizado que impactó en distintos sectores. Desde Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones del Obispado de Mar del Plata calificaron la medida como “excluyente y violenta”. A través de un comunicado, desde la Iglesia Católica lamentaron que la respuesta municipal priorice “la represión y el desalojo por encima de la escucha y la dignidad”.
En su declaración, los espacios ligados a la Iglesia remarcaron la importancia de “reconocer la dignidad de toda persona, especialmente de quienes enfrentan situaciones de exclusión social”. Las organizaciones religiosas afirmaron que diariamente acompañan a hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños en situación de calle y denunciaron que la falta de políticas públicas agrava las condiciones de vida de estos sectores vulnerables.
“Nos preocupa profundamente que las respuestas sean insuficientes y adopten un enfoque que prioriza la represión. Es necesario avanzar hacia políticas públicas que promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos”, señalaron.
Desalojos en Mar del Plata: la dura respuesta del intendente Montenegro
Lejos de moderar su postura, el intendente marplatense respondió a las críticas con dureza. En declaraciones a un medio nacional, Guillermo Montenegro afirmó: “No voy a permitir que intenten generar caos, ocupando plazas públicas o generando violencia y extorsión en medio de la ciudad. Me importa tres carajos lo que digan. No voy a entrar en una discusión dogmática”, en relación a la palabra de la Iglesia.
En la misma línea, Montenegro también señaló que las personas desalojadas no eran víctimas, sino parte de un supuesto esquema organizado. “Los ‘trapitos’ que extorsionan a la gente para estacionar y los que rompen vidrieras no están solos. Son piezas de una estructura que responde a intereses claros”, sostuvo.
En este marco, el mandatario municipal defendió su política de seguridad como un esfuerzo por proteger a los vecinos que trabajan diariamente y acusó a sus detractores de mirar los problemas desde “atrás de un escritorio”. Además, el alcalde del PRO aseguró que no permitirá que Mar del Plata se convierta en una ciudad “tomada por zombis”, en referencia a lugares donde, según él, la falta de control dejó zonas intransitables.
En tanto, la Municipalidad de General Pueyrredón informó que en la última semana se labraron 171 actas durante controles de “ordenamiento del espacio público” en relación con cuidacoches y personas en situación de calle. Sin embargo, este tipo de operativos enfrenta un creciente rechazo social y judicial con varias denuncias y hábeas corpus presentados en la Justicia que ponen en cuestión la legalidad de las acciones municipales.
