Tras las protestas de este lunes y en sintonía con la medidas antipiquetes del Gobierno nacional, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, arremetió contra las organizaciones sociales que se manifestaron ante el palacio de la Municipalidad, en reclamo de alimentos.
“No vamos a aceptar extorsiones ni aprietes“, afirmó Montenegro y ratificó: “No voy a aceptar extorsiones, vandalismo, daños ni ninguna situación que ponga en peligro a quienes viven en Mar del Plata, por eso decidí denunciar a quienes quieren tomar a la ciudad como rehén y vamos a ir hasta las últimas consecuencias“.
Es que, el lunes, el palacio municipal de Mar del Plata, ubicada en en Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, amaneció rodeada por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar en reclamo a mayor asistencia de alimentos en el marco de las fiestas de fin de año.
“El municipio resolvió eliminar por completo la entrega de las canastas navideñas que hace años se reparten en los barrios más vulnerables de la ciudad“, relataron desde las organizaciones sociales marplatenses.
En esa sintonía, desde el Ejecutivo municipal reconocieron la medida y argumentaron que “no hay plata para afrontar ese gasto“. Por ello, tras la decisión de Montenegro y el lanzamiento del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, Mar del Plata amaneció con varios cortes de tránsito.
En ese contexto, Montenegro aseguró, a través de sus redes sociales, que “el único enemigo es el delincuente y siempre me van a encontrar defendiendo a los que eligen hacer las cosas bien”, y adelantó que el ejecutivo municipal radicó la denuncia correspondiente.
En concreto, el Ejecutivo de Mar del Plata consideró que las protestas del lunes “pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como así también vulnera la seguridad y tranquilidad para el desarrollo de las actividades humanas“.
En esa línea, desde la Secretaría de Seguridad de Mar del Plata remarcaron que el hecho denunciado encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal.
El mismo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.
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