Gobierno nacional giró más de $1.046 millones a diez municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por inundaciones registradas a lo largo del 2025. La asistencia se inscribe en la “Emergencia Agropecuaria” declarada por los excesos hídricos, y apunta a atender los daños provocados por lluvias persistentes en distritos bonaerenses de fuerte perfil productivo.
La transferencia se formalizó mediante la Resolución 250/2025 en el Boletín Oficial, y se instrumentó a través de la categoría de “Aportes No Reintegrables”. Los fondos alcanzan a los distritos de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y 9 de Julio, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Vale precisar que los municipios beneficiados, registraron anegamientos prolongados que impactaron de lleno en la actividad agropecuaria. Las inundaciones registradas durante los últimos meses deterioraron caminos rurales, generaron complicaciones logísticas y provocaron pérdidas significativas en la producción agrícola y ganadera, con efectos directos sobre productores y economías locales.
En tanto, la asistencia se canaliza en el marco de la Ley Nacional N°26.509, que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, al tiempo que habilita la utilización del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) para situaciones climáticas extremas.
Desde el Ejecutivo que conduce Javier Milei señalaron que los recursos están destinados a acompañar la recuperación productiva y a atender necesidades urgentes en materia de infraestructura rural. En ese marco, el objetivo oficial apunta a restablecer las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad en las zonas afectadas.
Cabe recordar que, a principios de septiembre, mediante la Resolución 1305/2025 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la actual conducción libertaria declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario. La medida alcanzó a doce municipios incluidos previamente por la Provincia en el decreto de mayo pasado, que ya había relevado a nivel institucional la situación de esos distritos.
Bajo esa homologación, distintos organismos nacionales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quedaron facultados para desplegar beneficios concretos y paliar la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se incluyen la apertura de líneas de crédito, facilidades impositivas y asistencia financiera, que permanecían demoradas.
En tanto, desde el Gobierno bonaerense cuestionaron la respuesta nacional y advirtieron que la crisis se profundiza en varios distritos. En ese marco, funcionarios provinciales remarcaron que la administración de Axel Kicillof continúa desplegando acciones propias para contener la Emergencia Agropecuaria, mientras reclaman una mayor presencia de Nación en las zonas rurales afectadas.
Emergencia agropecuaria: Bullrich prometió asistencia
En noviembre pasado, en pleno avance de las inundaciones en el interior bonaerense, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió en el municipio de 9 de Julio con productores rurales e intendentes de la región. En ese encuentro, la dirigente libertaria comprometió una asistencia extraordinaria de $1.900 millones para paliar los efectos de los excesos hídricos en distritos productivos del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Durante aquella reunión, Bullrich explicó que los recursos en cuestión se canalizarían a través de la Secretaría de Agricultura y de convenios con los municipios. Según precisaron desde el Gobierno nacional, los fondos estarían destinados principalmente a la adquisición de piedra, combustible y otros insumos necesarios para la reparación de caminos rurales severamente dañados por las inundaciones.
En ese marco, la ministra también confirmó la apertura de una licitación para retomar el dragado del Tramo 4 del Plan Maestro del Río Salado, una obra que había quedado inconclusa tras la suspensión dispuesta en 2023. La definición generó tensiones con autoridades provinciales, en momentos en que productores y entidades rurales venían reclamando mayor inversión en infraestructura para prevenir eventos climáticos extremos.
