La diputada de Fuerza Patria, Silvina Nardini, presentó un proyecto para rechazar la reforma que quiere implementar el presidente Javier Milei sobre la Ley de Cabotaje, que regula el transporte de cargas, al considerar que pondría en riesgo la marina mercante, la industria naval argentina, el empleo local en el sector marítimo y portuario, la soberanía logística y el sistema productivo de los puertos bonaerenses.
La iniciativa de Nardini llegó a la Legislatura pocos días después de que, durante el cierre de la Exposición Rural 2026, Milei confirmara el envío al Congreso de un proyecto para modificar el régimen de cabotaje nacional. Según explicó el propio mandatario, la reforma busca reducir los costos logísticos, incrementar la competitividad y facilitar el comercio mediante cambios en la normativa que regula el cabotaje de cargas y pasajeros entre puertos argentinos.
Entre los principales cambios anunciados por el Gobierno figura la posibilidad de que buques de bandera extranjera puedan realizar transporte entre puertos del país mediante autorizaciones temporarias. Además, la propuesta contempla flexibilizar los requisitos vinculados a la composición de las tripulaciones, eliminar aranceles para importar embarcaciones nuevas o de hasta 20 años de antigüedad y permitir que los barcos extranjeros operen inicialmente sin tripulación argentina durante los primeros 90 días, al incorporar personal nacional de manera gradual hasta alcanzar un mínimo del 75% al cabo de un año.
“El transporte de carga constituye una actividad estratégica reservada históricamente a la marina mercante nacional por razones que exceden la mera competencia económica, ya que se trata de una herramienta de política pública destinada a garantizar la integración territorial, fortalecer la infraestructura logística del país, promover el desarrollo industrial, preservar capacidades nacionales de transporte y asegurar la disponibilidad de una flota mercante propia para atender necesidades económicas, sociales, comerciales y de interés público”, expuso Nardini en el escrito.
Desde Casa Rosada sostienen que la reforma a la Ley de Cabotaje permitiría aumentar la disponibilidad de embarcaciones, mejorar la competitividad del transporte fluvial y marítimo y reducir los costos logísticos para distintos sectores productivos. En ese marco, el Gobierno puso como ejemplo la logística de Vaca Muerta, donde actualmente la arena utilizada para la fractura hidráulica se traslada en camiones desde Entre Ríos hasta Neuquén, y argumentó que habilitar un mayor transporte por agua permitiría disminuir costos y aliviar el tránsito sobre las rutas.
Sin embargo, Nardini considera que el proyecto omite considerar las consecuencias económicas, laborales, jurídicas, estratégicas y soberanas que podría generar sobre una actividad que define como “esencial” para el desarrollo nacional. En los fundamentos de su iniciativa, la legisladora advierte que la apertura del cabotaje a embarcaciones extranjeras generaría una competencia desigual, principalmente porque muchas de ellas operan bajo regímenes laborales, fiscales y previsionales menos exigentes que los vigentes en Argentina.
En tanto, la diputada ensenadense también destaca que la provincia de Buenos Aires sería una de las jurisdicciones más afectadas por la reforma en la Ley de Cabotaje debido a la importancia de su sistema portuario. En ese punto, Nardini señala que los puertos de La Plata, Bahía Blanca, Dock Sud, Quequén, San Nicolás y Mar del Plata cumplen un rol central para el comercio exterior, el abastecimiento interno, la actividad industrial, la producción agroexportadora y el desarrollo energético, y remarcó que la región concentra buena parte de la industria naval argentina, integrada por astilleros públicos y privados, talleres, empresas metalúrgicas, proveedores de servicios especializados e instituciones de formación técnica.
Para respaldar su postura, la diputada de Fuerza Patria recuerda que desde hace décadas la legislación argentina reserva el transporte de cargas y pasajeros entre puertos del país a embarcaciones de bandera nacional, y cita el Decreto-Ley N.º 19.492/44, ratificado por la Ley N.º 12.980, que estableció ese criterio. Además, la legisladora señala que posteriormente las leyes de Marina Mercante y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional ratificaron esa política.
Según precisa Nardini en los fundamentos del proyecto de declaración, todas esas normas fueron pensadas para proteger la flota mercante argentina, fomentar la construcción naval, preservar los puestos de trabajo del sector y evitar que el transporte de carga interno quede en manos de operadores extranjeros, un punto clave que el Gobierno nacional busca modificar.
Por otro lado, la dirigente peronista sostiene que la reforma anunciada por Milei entra en tensión con principios establecidos en la Constitución Nacional, al argumentar que la propia Carta Magna encomienda al Congreso promover el desarrollo económico, la industria y la navegación, impulsar políticas que favorezcan el crecimiento equilibrado del país y la generación de empleo, además de garantizar la protección de los trabajadores.
“La sustitución progresiva de buques nacionales por embarcaciones extranjeras que planteó Milei no sólo implicaría una pérdida de actividad económica y empleo, sino también una creciente dependencia logística respecto de operadores internacionales, debilitando la capacidad del Estado para garantizar el abastecimiento, la conectividad, la integración territorial y la respuesta ante situaciones de emergencia o de interés nacional”, completó Nardini
En última instancia, la diputada de Fuerza Patria sostiene que mejorar la competitividad logística es un objetivo legítimo, aunque consideró que eso debe lograrse mediante políticas orientadas a reducir costos sistémicos, modernizar la infraestructura portuaria, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la marina mercante nacional y la construcción naval, sin resignar soberanía económica ni afectar el empleo argentino.
