La senadora bonaerense del bloque Hechos – UCR Identidad, Natalia Quintana, este viernes destacó que el Gobierno provincial haya reconvertido el programa de Seguridad Alimentaria (MESA) y aumentado las partidas del servicio alimentario escolar (SAE). “Celebro que el Ejecutivo escuche los aportes de la oposición”, afirmó.
“Venimos trabajando en ese sentido. Celebramos la medida y pedimos que sea acompañada con medidas complementarias para mejorar la calidad educativa y la permanencia de los chicos en las escuelas”, sostuvo la legisladora del radicalismo.
Esta semana, el gobierno de Axel Kicillof decidió suspender por tres meses la aplicación del programa MESA con el objetivo de aumentar un 30% el SAE. Vale aclarar que la política reconvertida en realidad es complementaria del servicio alimentario escolar bonaerense, dado que fue creado durante la pandemia para entregar un módulo de alimentos a los niños, niñas y adolescentes con dificultades económicas.
“Era necesario que esos fondos fueran destinados a mejorar la prestación de los comedores escolares, que están siendo muy castigados por la crisis y con un atraso del 40% respecto a la inflación, con el agravante de que hay aumento de la demanda de estudiantes que asisten a comedores”, expresó la senadora Quintana.
En rigor, el Servicio Alimentario Escolar constituye una herramienta central de política pública, ya que alcanza a más de 2.400.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos educativos distribuidos en los 135 distritos bonaerenses.
En ese sentido, Quintana recordó que en marzo presentó tres proyectos sobre el SAE, uno para solicitar el aumento para esa política y dos para que el Ejecutivo de Axel Kicillof brinde detalles sobre el presupuesto del programa MESA y para que lo reconvierta dado que “no cumplía la función para la que había sido creado durante la cuarentena por la pandemia de COVID”.
“Los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, es nuestra tarea encontrar la medida para que lleguen de la mejor manera a los que más lo necesitan. No se trata de achicar el Estado como única alternativa a los desequilibrios, porque esa política lo único que logra es castigar a los más desprotegidos. Celebro que desde el gobierno bonaerense se escuchen los aportes de quienes no somos parte del Ejecutivo”, valoró la oriunda de Alem.
Asimismo, la dirigente con pasado como consejera general educativa recordó que se reunió con la titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, para comentarle sus propuestas legislativas en la materia. “Este reordenamiento de los programas que no representa aumento de gastos, es una tarea que tienen que hacer los gobiernos. Una educación inclusiva y de calidad requiere que los presupuestos para el área tengan como prioridad acompañar a los que menos tienen”, finalizó.
De qué hablan los proyectos de Quintana sobre el MESA
En marzo, la senadora del bloque Hechos – UCR Identidad expresó su preocupación ante el desfasaje presupuestario del SAE, algo que, según la legisladora de la oposición, afecta su adecuada implementación en más de 11.000 establecimientos de la provincia de Buenos Aires.
Según argumentó la senadora por la Cuarta Sección Electoral, en la actualidad los comedores escolares sufren el desfasaje entre la inflación acumulada durante el año 2024, un 30%, y el incremento del 17% otorgado en marzo de 2025 a las prestaciones del programa alimentario.
“Este desfasaje provocó una pérdida significativa del poder adquisitivo de los recursos asignados, estimada en más del 40% en términos reales”, advirtió Quintana, tras señalar que la brecha no es meramente presupuestaria, sino que se traduce en dificultades concretas para sostener la calidad nutricional del servicio.
Un mes después, en abril, Quintana pidió informes acerca del funcionamiento en el programa MESA, como su ejecución presupuestaria, sus mecanismos de control y los criterios de asignación de recursos en lo que respecta al servicio alimentario escolar.
En ese escrito, la senadora había planteado la necesidad de avanzar hacia una revisión integral de la política alimentaria que priorice la eficiencia en el uso de los recursos públicos, fortalezca aquellos programas con mayor capacidad operativa y mejore los mecanismos de control, transparencia y cobertura. Algo que finalmente se materializó con el ajuste en el MESA para aumentar el SAE.
