Este viernes, el gobierno nacional de Javier Milei habilitó a un grupo de provincias a intervenir en la concesión de rutas nacionales mediante peaje, en medio de la controversia por la exclusión de AUBASA del proceso licitatorio en las vías que Casa Rosada pretende privatizar en Buenos Aires. La decisión fue interpretada como un nuevo gesto de diferenciación hacia la administración de Axel Kicillof, ya que mientras, la empresa estatal bonaerense quedó afuera de la compulsa, otras jurisdicciones recibieron facultades para avanzar sobre corredores viales en sus territorios.
Es preciso mencionar que, la medida quedó oficializada esta misma mañana a través del Decreto 253/26, con el que el Ejecutivo de Milei delegó en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar “concesiones de obra pública por peaje”. En los hechos, la norma permite que esas provincias impulsen esquemas de privatización o administración concesionada sobre tramos de rutas nacionales que atraviesan sus jurisdicciones.
Según el texto oficial, las provincias alcanzadas deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad para poner en marcha el nuevo esquema, al tiempo que la Casa Rosada aclaró que se trata de una cesión “temporal y revocable, que no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre las rutas nacionales involucradas”.
En los fundamentos del decreto, la gestión de Milei sostuvo que “varias jurisdicciones manifestaron su interés por asumir la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de las rutas nacionales”, y dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevas provincias que soliciten el mismo beneficio formalmente en el futuro, lo que amplió el alcance del esquema delegado sobre las vías.
Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no figura entre las jurisdicciones incluidas en esta primera etapa, y su ausencia en la lista elaborada por Nación cobra relevancia en función de los reiterados pedidos realizados por el Gobierno bonaerense para hacerse cargo de determinadas trazas estratégicas, como la autopista Presidente Perón, una solicitud que hasta el momento no obtuvo respuesta favorable por parte de Milei.
Al mismo tiempo, el contraste se profundiza por el reciente conflicto en torno a la Red Federal de Concesiones, donde AUBASA, la empresa pública de la provincia de Buenos Aires, presentó una oferta para operar corredores nacionales. Esa propuesta fue finalmente desestimada por el Gobierno nacional, lo que generó fuertes cuestionamientos desde la administración provincial.
Desde el entorno de Axel Kicillof denunciaron que el proceso licitatorio estuvo atravesado por “ciertas arbitrariedades”, en referencia a modificaciones introducidas por el mismo Gobierno nacional sobre los pliegos, y a decisiones posteriores vinculadas con la evaluación de ofertas. Es que, la exclusión de AUBASA se produjo en un contexto de tensión política e institucional entre la Casa Rosada y la Gobernación bonaerense, lo que incrementa las dudas de las autoridades de la empresa estatal provincial.
De esta manera, la habilitación a otras provincias para participar directamente en concesiones nacionales vuelve a poner en el centro de la escena el criterio utilizado por la administración libertaria para distribuir competencias y oportunidades de gestión entre distritos. Mientras algunas jurisdicciones fueron autorizadas a avanzar con peajes y explotación vial, la provincia de Buenos Aires continúa sin respuestas favorables tanto en sus pedidos de traspaso como en sus intentos de competir mediante una empresa estatal propia.
El Gobierno de Milei justificó la exclusión de AUBASA de la concesión de rutas nacionales
Es preciso mencionar que, este jueves el Gobierno nacional compartió los motivos por los que excluyó a AUBASA de la concesión de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la Secretaría de Transporte, el esquema licitatorio requería que las compañías demostraran experiencia en la ejecución directa de obras públicas, con estructura propia, personal técnico y recursos materiales, sin depender de contratistas externos.
En ese sentido, desde Nación señalaron que la presentación de AUBASA “da cuenta principalmente de tareas de operación”, pero que no acredita antecedentes suficientes en materia de construcción vial bajo las condiciones requeridas. De acuerdo con esa interpretación, la diferencia entre operar corredores y ejecutar obras resultó determinante al momento de evaluar las propuestas, por lo que el Gobierno sostuvo que la concesión “no solo implica administrar peajes o mantener servicios, sino también afrontar ampliaciones, reparaciones y trabajos de infraestructura de gran escala”.
Otro de los cuestionamientos estuvo centrado en la situación económico-financiera de la compañía, ya que desde el Ejecutivo nacional explicaron que el pliego establecía indicadores objetivos para medir endeudamiento, liquidez y solvencia patrimonial, con el fin de garantizar que los futuros concesionarios pudieran asumir el riesgo empresario sin recurrir a respaldo estatal. En ese marco, indicaron que AUBASA presentó un ratio de endeudamiento del 3,75%, muy por encima del máximo permitido de 1,50%.
Para la administración libertaria, ese nivel de pasivos “evidencia una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso”. Bajo ese criterio, Nación entendió que la firma bonaerense no reunía condiciones suficientes para hacerse cargo de corredores estratégicos dentro de un esquema que promueve inversión privada y autosustentabilidad económica.
