Los problemas con la subsidiaria de Great Lakes Carbon Corporation son de antaño y siguen sin resolverse a pesar de las constantes quejas por parte de los vecinos. El principal reclamo es por la enorme cantidad de hollín que despide la compañía productora de carbón de petróleo calcinado y afecta la calidad de vida.
Cansados del silencio oficial, desde la Asamblea de vecinos contaminados organizaron una movilización para este viernes a las puertas de la Municipalidad de Ensenada para exigir respuestas. Uno de los principales apuntados es Raúl Marcos Panettieri, histórico director de Promoción y Defensa del Medio Ambiente.
Según denunciaron los damnificados, durante el período de cuarentena se incrementó la operación de Copetro y con ello la actividad contaminante. Por tal motivo, decidieron realizar denuncias ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible que brilló por su ausencia.
“El OPDS no atiende nuestros requerimientos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Ensenada dice no recibir denuncias y desconocer la situación”, sostuvo a Diputados Bonaerenses, Natalia Penda, una de las organizadoras de la Asamblea de Vecinos Contaminados.
Por otro lado, el intendente Mario Secco que está al frente del Ejecutivo local desde diciembre de 2003, tampoco ha ejercido una posición activa frente a los reclamos. Los damnificados por la compañía creen que se debe a que en varias oportunidades recibió cuantiosas donaciones por parte de Copetro.
La última vez que el Jefe Comunal los recibió, mantuvieron una reunión de unos cinco minutos de duración y la única respuesta que les brindó fue que las quejas las tenían que elevar al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, porque él no tenía injerencia en su funcionamiento.
Esta contestación de Secco no convenció a los asambleístas que afirman que, como alcalde de la ciudad en la que está instalada la planta contaminante, debería colaborar con su reclamo. La última transferencia de dinero que recibió la ciudad rondó los $20 millones que fueron destinados a la ampliación del polideportivo municipal.
"Entonces, tiene injerencia para recibir las donaciones, pero no para investigar y denunciar el accionar contaminante", sostuvo Natalia, quien además añadió que “si bien entendemos que ese tipo de industrias tienen que ser fiscalizadas por el OPDS, el Municipio tiene que representar a los vecinos y denunciar ante ese organismo”.
Incluso, esta posición del intendente de Ensenada contrasta con la de Berisso, teniendo en cuenta que los integrantes de la Asamblea presentaron un recurso de amparo colectivo por remediación ambiental que está acompañado por tres mil firmas, entre ellas la de Fabián Cagliardi.
De todos modos, el juez en lo Contencioso Administrativo, Francisco José Terrier, dictó una cautelar que inmediatamente se levantó porque Copetro consiguió una audiencia con el magistrado en la que presentó informes elaborados por una consultora privada a la que la empresa le paga, es decir, presentaron su propia evaluación del daño.
Ante todas estas trabas, los miembros de la Asamblea de Contaminados de La Plata, Berisso y Ensenada, junto con otras organizaciones medioambientales y movimientos de izquierda, decidieron marchar a la Municipalidad y llevarle todas las denuncias y los frascos de hollín a Secco y especialmente a Panettieri.
Copetro está instalada en Argentina desde hace 38 años y está catalogada como una industria Categoría 3, por lo que no puede radicarse en zonas urbanas. Sin embargo, por un decreto del presidente de facto Jorge Rafael Videla en 1978, logró comenzar a funcionar a partir de fines de 1983.
“La lucha vecinal arrancó desde ese momento, primero con la asociación de Barrio Campamento y hace un año organizamos esta asamblea e incorporamos a vecinos de las tres ciudades porque este es una problemática regional”, manifestó Natalia sobre la empresa que emana partículas gruesas de hollín.
En este mismo sentido, destacó que “los vecinos de Barrio Campamento tienen centenares de juicios ganados, donde la empresa los indemniza en montos irrisorios reconociendo que afecta su salud”. El dinero que reciben los damnificados oscila los 100 mil pesos, una cantidad escasa debido a los 20 años de daños que vienen sufriendo.
Los últimos movimientos para frenar el accionar de Copetro que intentaron los asambleístas fue asistir a los concejos deliberantes de Berisso y Ensenada. En el primero de ellos recibieron el apoyo de los ediles, pero en el último, a pesar de la aprobación de un pedido de informes, ni el municipio ni el OPDS respondieron a esa exigencia.
El colmo de la situación es que, los empleados del organismo estatal dependiente de la Provincia le realizaron una denuncia penal a Natalia por un supuesto desacato a la autoridad. Debido a la implementación de la cuarentena no llegó a declarar en la causa, pero en diálogo con Diputados Bonaerenses expresó que es una maniobra de “presiones por protestar”.
