Luego de que Juntos por el Cambio lograra modificar en la Ley Impositiva las alícuotas que la actividad portuaria tributa a la provincia, el diputado y referente del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, adelantó que el gobernador Axel Kicillof enviará una Ley de Puertos a la Legislatura.
El pilarense anunció que el titular del Ejecutivo “está empezando a revisar quiénes son y se creen dueños de la provincia” y explicó que “está por presentar una nueva Ley de Puertos, para evitar los enormes niveles de evasión que hay en la actualidad”.
En esa línea, destacó que las modificaciones introducidas por Cambiemos en el Senado cuando se discutió la ley tributaria fueron para “beneficiar a los cableoperadores, cerealeras y grandes dueños de la tierra”. “Es como que defiendan que se ponga a Jack Sparrow a manejar la Aduana", ironizó.
El reproche del representante de la Primera sección electoral es porque los amarillos impusieron su mayoría en la Cámara alta y lograron reducir a la mitad las tasas por tonelada cargada, descargada y removida, contempladas en el artículo 100 de la norma.
Más allá del anuncio del referente massista, la intención del Gobierno bonaerense de avanzar con la discusión de una nueva la Ley de Puertos surgió ni bien se aprobó la Ley Impositiva y fue adelantada por la ministra de Gobierno, María Teresa García, esa misma semana.
"Los consorcios son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio", dijo García. En concreto, el consorcio portuario es un ente público no estatal que administra el puerto y tiene independencia jurídica, financiera, administrativa y contable.
En la mesa del consorcio se sienta el sector privado, los sindicatos y los municipios, aunque en los hechos siempre se impone la decisión de las empresas. En ese sentido, la provincia designa un director que cuenta con escaso poder sobre lo que sucede.
Si bien en la mayoría de las terminales de la provincia existen consorcios desde hace años, María Eugenia Vidal, a través de su ex ministro de Producción, llevó ese mecanismo de gestión a todas las terminales públicas haciendo foco en los beneficios de este modelo.
El antecedente directo a esta discusión se encuentra en 2017 cuando el ex diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello presentó una iniciativa para empezar a debatir este tema en la Legislatura bonaerense, ante la ausencia de una normativa específica.
Antes durante el segundo mandato de Daniel Scioli, quien lo propuso fue Gabriel Mariotto, que pidió estatizar los puertos, planteó fijar una reserva de carga del orden del 30% para los fletes que se realizan desde terminales bonaerenses y crear una empresa provincial que intervenga en la exportación.
