A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno del presidente Javier Milei dispuso los lineamientos del nuevo modelo de obra pública, con el que pretende instrumentar la finalización del plan Argentina Hace, creado por el exjefe de Estado, Alberto Fernández.
De esta manera, la secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Enrique Giovine, se encargará de evaluar los proyectos en ejecución del plan Argentina Hace para determinar el nivel de cumplimiento, el otorgamiento de fondos y cómo continuar con el financiamiento de los mismos, con el objetivo de dejarlos sin efecto en 120 días.
Así, el primer paso del Gobierno será una evaluación de los convenios marco de adhesión, así como también los convenios específicos que se encuentren en curso de ejecución pertenecientes al plan Argentina Hace, mediante la cual se verificarán los incumplimientos por parte del ente ejecutor y evaluar qué hacer.
En ese sentido, la normativa indica que, si se encuentra un incumplimiento, las obras públicas del plan Argentina Hace pasarán a una evaluación para ver si se toman medidas para corregir alguna irregularidad, si se pueden recuperar los fondos, si se rescinde el convenio o si se instará a la parte a finalizar el proyecto con fondos propios.
Asimismo, en caso de que no haya un incumplimiento en los proyectos del plan Argentina Hace, el Gobierno analizará las posibilidades de que el financiamiento de la obra pública pase a estar a cargo de la provincia, del municipio o de otro ente ejecutor, para sacárselo de encima al Estado nacional.
En caso de que la provincia, el municipio o el ente ejecutor no puedan continuar con la obra pública, el Gobierno evaluará si es conveniente o no darle continuidad al proyecto, al evaluar el grado de avance de la construcción, el interés público y los costos que conlleve, al tiempo que tendrán 120 días para concluir si se acepta su continuación.
De esta manera, en línea con la premisa del Gobierno de “lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado nacional”, la normativa también retomó la declaración de emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.
Por ese motivo, la resolución señaló que el Gobierno “considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
