La localidad bonaerense de Hinojo del partido de Olavarría atraviesa una nueva situación de incertidumbre laboral luego de que unos 70 trabajadores del peaje ubicado sobre la Ruta Nacional 226 fueran notificados de que serán despedidos a partir del próximo 30 de junio, cuando finalice la actual concesión del corredor vial y entre en vigencia el esquema de privatización impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Los empleados afectados por la privatización de las rutas desempeñan tareas como operadores viales, personal de balanza, cajeros, supervisores, técnicos y trabajadores de maestranza. La mayoría reside en los distritos de Olavarría, Hinojo y Colonia Hinojo, por lo que la medida tendrá impacto directo en la economía de la región.
Según relataron los trabajadores del peaje de Hinojo, meses atrás recibieron una propuesta de indemnización que debían aceptar sin margen para negociar. De esta manera, el cambio se producirá a partir del 1 de julio, cuando el corredor Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, que incluye el canon mencionado y otras estaciones de cobro sobre el camino hacia Mar del Plata, pase a ser operado por el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, en reemplazo de Corredores Viales.
Mientras se acerca la fecha del traspaso, los trabajadores aseguran que desconocen qué ocurrirá con la estación de peaje. “Ni siquiera sabemos qué va a pasar después del 30 cuando nos vayamos todos a nuestras casas llenos de incertidumbre. Suponemos que van a levantar las barreras y no tenemos idea por cuánto tiempo será”, señaló uno de los empleados.
Otro de los operarios indicó que la nueva concesionaria evaluará qué personal podría reincorporar una vez que tome posesión del corredor, aunque advirtió que la creciente automatización de los sistemas de cobro reduce significativamente la necesidad de mano de obra. “Nos mandaron un acuerdo y todos tuvimos que decir que sí porque era lo único que nos quedaba. A partir del 1 de julio el peaje queda en manos de la nueva empresa y veremos a quién llama y a quién no”, sostuvo.
La situación se inscribe en el proceso de privatización de rutas dispuesto por el Decreto 97/2025 firmado por el Presidente, a través del cual el jefe de Estado avanzó con la concesión total de distintos corredores viales nacionales bajo el sistema de obra pública por peaje. Entre ellos se encuentra el Corredor Atlántico, que abarca más de 400 kilómetros y conecta diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, los trabajadores temen que los despidos de Hinojo sean apenas el inicio de un proceso más amplio. Es que, si bien el nuevo esquema prevé la instalación de más puntos de cobro, aproximadamente uno cada 90 kilómetros, muchas de esas estaciones funcionarían mediante el sistema “free flow”, que utiliza pórticos equipados con cámaras láser, sensores y lectores automáticos de TelePASE, lo que reduce la intervención humana.
No obstante, el cierre de puestos laborales en el peaje de Hinojo se suma a otras señales de preocupación económica registradas recientemente en las cercanías de Olavarría. En los últimos meses también se encendieron alarmas por la paralización temporal de actividades en la planta L’Amalí de Loma Negra, en un contexto marcado por la caída de la demanda y el freno de la obra pública, factores que profundizaron la incertidumbre sobre el empleo en uno de los principales polos productivos del interior bonaerense.
Según informó este medio, la planta de la cementera en Olavarría opera con dos hornos principales. Sin embargo, este año uno de ellos permanecerá detenido durante seis meses, mientras que el segundo cesó sus actividades en mayo y junio, con expectativas de reactivación en julio de acuerdo con las proyecciones empresariales.
“Es cierto que todos los años se paran los hornos, lo que no es normal es que un horno esté parado seis meses y el otro también, el Gobierno habla de que la minería es uno de los pilares de la economía, pero desde que asumieron hay casi 3 mil puestos menos en el sector”, advirtió el secretario de la Asociación Obrera Minera (AOMA), Alejandro Santillán.
Actualmente, Loma Negra acumula más de 700 mil toneladas de clínker, el principal insumo utilizado para fabricar cemento portland. Ese volumen de stock permite garantizar el abastecimiento del mercado interno durante los próximos meses aun con parte de la capacidad productiva detenida. El problema es que la acumulación de material no surge de una expansión extraordinaria de la producción, sino del desplome de la demanda del sector, ya que la construcción sigue sin recuperar niveles de actividad y el mercado interno continúa lejos de mostrar una reactivación consistente.
La alerta por el parate de Loma Negra en Olavarría llegó a la Legislatura
La preocupación por la situación de Olavarría se instaló en la Legislatura bonaerense luego de que el diputado de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentara un proyecto para manifestar su inquietud por la paralización de uno de los principales hornos de la planta L’Amalí de Loma Negra hasta noviembre de 2026.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador sostuvo que la medida “no es un hecho aislado”, sino que se encuentra vinculada a un escenario económico más amplio caracterizado por la paralización de la obra pública y la caída de la inversión privada. Según advirtió Lissalde, el freno de la actividad productiva constituye una señal de alerta para la economía bonaerense y para una ciudad cuya identidad histórica está estrechamente ligada a la industria cementera.
“El cese de operaciones de un horno fundamental no solo afecta la producción actual, sino que pone en riesgo el tejido social de una comunidad entera ante la falta de horizontes claros de reactivación“, advirtió el referente de Fuerza Patria, quien llamó a proteger la mano de obra calificada olavarriense.
En tanto, Lissalde remarcó que las consecuencias exceden a los trabajadores de la planta y alcanzan a múltiples sectores vinculados de manera directa o indirecta con la producción de cemento, como transportistas, proveedores, contratistas y comercios locales que forman parte de una cadena económica que depende del movimiento que genera la actividad industrial en el distrito.
“Es imperioso que esta Cámara se pronuncie en defensa del trabajo bonaerense y exprese su preocupación por el rumbo de un sector estratégico que hoy se ve forzado a detener sus motores, esperando que se reactiven las condiciones que permitan devolver la tranquilidad a las familias trabajadoras de Olavarría“, cerró Lissalde.
