El titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, reavivó el debate legislativo por el uso de celulares en cárceles de la provincia de Buenos Aires luego del desmantelamiento de una banda de extorsionadores que operaba desde la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán, en el partido de La Matanza.
“El uso de celulares desde las cárceles bonaerenses para coordinar extorsiones, amenazas, maniobras de fraude y actividad delictiva organizada es una problemática recurrente y documentada que el Estado provincial tiene la obligación de atender con urgencia y eficacia”, advirtió Curestis en su iniciativa.
El planteo del legislador libertario tomó como punto de partida el operativo que el Departamento de Casos Especiales de la Policía bonaerense realizó el pasado 8 de junio, con 31 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Conurbano y en las unidades penitenciarias N°43 y N°58, ambas ubicadas en el distrito matancero.
La causa en cuestión comenzó a partir de la denuncia de un hombre que había ingresado al sitio web “Gemidos TV”. De acuerdo con los fundamentos legislativos, los integrantes de la organización lo contactaron, se presentaron como proxenetas y lo amenazaron con agredir a su familia si no pagaba una suma de dinero. Este es uno de los tantos expedientes de ese estilo que se apilan en la Departamento Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía Bonaerense, que cada vez recibe más denuncias por extorsiones telefónicas desde las cárceles.
Bajo esa maniobra de coacción, la víctima entregó USD 10.000 y realizó transferencias bancarias por $3 millones. Luego, las pesquisas determinaron que las comunicaciones extorsivas partían desde la Unidad Penitenciaria N°43 ubicada en la localidad de González Catán, desde donde la banda utilizaba dispositivos móviles para captar víctimas y mover dinero ilícito.
Según reza el proyecto de Curestis, el procedimiento terminó con 32 personas detenidas, entre ellas un efectivo de la Policía bonaerense y dos agentes del Servicio Penitenciario (SPB), además del secuestro de decenas de teléfonos celulares y tarjetas SIM. En tanto, la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 de La Matanza, a cargo de Juan Marcelo Diomede, quedó al frente de la investigación que sigue su curso.
Sobre este punto, el jefe de la bancada libertaria agregó que la banda delictiva usaba perfiles falsos en plataformas digitales y bases de datos obtenidas por Telegram para reunir información personal, como así también se apropiaban de cuentas bancarias de terceros, conocidas como “cuentas mulas”, para canalizar los fondos.
“Los hechos descriptos revelan una falla estructural de gravedad institucional: personas privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado provincial, disponían de teléfonos celulares en funcionamiento dentro de una unidad penitenciaria y los utilizaban de manera sistemática y organizada para cometer delitos contra la ciudadanía”, fustigó Curestis en los fundamentos del proyecto.
Además, el senador libertario consideró que la presencia de agentes del propio Servicio Penitenciario entre los detenidos agrava el cuadro, al señalar la existencia de complicidades internas que facilitaron el ingreso de los dispositivos y la continuidad de las actividades ilícitas.
Ante este escenario, Curestis reclamó una respuesta institucional inmediata por parte del Ejecutivo bonaerense, con foco en el refuerzo de los controles de ingreso, las requisas en todas las unidades del SPB y la implementación sostenida de inhibidores de telefonía celular, en línea con otras iniciativas en agenda dentro de la Legislatura.
“La privación de la libertad no puede constituir, bajo ninguna circunstancia, una plataforma para la comisión de nuevos delitos contra la sociedad”, concluyó el parlamentario.
Vale precisar que la propuesta libertaria advierte que el uso de celulares en cárceles bonaerenses para coordinar extorsiones, amenazas, fraudes y actividades delictivas no constituye un episodio aislado, sino una problemática “recurrente y documentada”, que volvió al centro del debate tras la continuidad del protocolo dictado durante la pandemia de COVID-19 que permite la tenencia de dispositivos de comunicación.
La medida surgió en el año 2020 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio para garantizar el contacto de los internos con sus familiares y afectos, el acceso a actividades educativas y la información vinculada a su situación procesal. Sin embargo, desde distintos bloques opositores cuestionan que este esquema continúe vigente sin una revisión integral, tras una serie de causas judiciales vinculadas a organizaciones delictivas que operaban “intramuros”.
De hecho, el nuevo movimiento de LLA se suma a la “Ley Rodrigo”, que el diputado bonaerense Oscar Liberman presentó en marzo pasado para prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La propuesta libertaria contó con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y lleva el nombre del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras una extorsión telefónica que, según la investigación, tuvo origen en el penal de Magdalena.
A través de su presentación, el referente opositor propuso dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” y limitar las comunicaciones de los internos a dispositivos provistos y controlados por el SPB. Además, el texto también fijó un máximo de dos horas diarias de comunicación para los reclusos y un listado de hasta cinco contactos autorizados.
El reclamo también encontró eco en otros sectores de la oposición, ya que el titular del bloque PRO en el Senado, Pablo Petrecca, un proyecto propio para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada que reemplace los dispositivos particulares por canales oficiales y controlados por el Estado. Vale recordar que la imagen de este legislador había sido utilizada por una banda delicitiva para cometer estafas.
El dirigente de la Cuarta sección, que también sufrió el uso indebido de su identidad en maniobras dirigidas a comerciantes de Junín, reclamó que el Gobierno bonaerense avance con una definición política sobre el uso de celulares en cárceles. “Si no se actúa, las estafas siguen saliendo desde adentro. Es ahora”, enfatizó el legislador amarillo.
Finalmente, la discusión también alcanzó al peronismo con una iniciativa de la autoría de la senadora massista Malena Galmarini para prohibir la tenencia de celulares y dispositivos tecnológicos no autorizados en cárceles, con sistemas supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó Galmarini al defender su proyecto con foco en las víctimas de estafas y extorsiones.
