En las últimas horas, las autoridades policiales confirmaron la desarticulación de una banda de personas privadas de su libertad que operaban desde dos cárceles de Junín, y que usaban la imagen del exintendente y actual senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, para cometer estafas a comerciantes locales. En este contexto, el legislador presentó un proyecto de ley para regular el uso de celulares en unidades penitenciarias, tras considerar que es una modalidad delictiva en expansión.
Según dejaron trascender, la investigación se inició a partir de una denuncia formal realizada por el senador el pasado 12 de marzo ante el Ministerio Público Fiscal, luego de detectar que personas desconocidas utilizaban su imagen en perfiles falsos de WhatsApp para engañar a comerciantes de la ciudad de Junín y apropiarse de bienes de manera ilícita. Lo que en un primer momento parecía un hecho puntual, permitió revelar una estructura más compleja basada en la suplantación de identidad, el uso de herramientas tecnológicas y la manipulación psicológica de las víctimas.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la DDI Junín, que incluyeron inteligencia criminal e intervenciones telefónicas, se logró identificar una organización delictiva que operaba desde el interior del sistema penitenciario bonaerense, específicamente en las Unidades Penales N° 13 y N° 16 de Junín, con ramificaciones en esa ciudad y en Pergamino. Como resultado del avance de la causa, la Justicia ordenó allanamientos, detenciones y el secuestro de distintos elementos vinculados a las maniobras investigadas.
En tanto, el caso que dejó expuesto a Petrecca volvió a poner en discusión el funcionamiento del sistema carcelario, al evidenciar que en determinados contextos las unidades penitenciarias dejan de ser exclusivamente espacios de cumplimiento de condena para convertirse en ámbitos desde donde se coordinan delitos hacia el exterior. En ese sentido, la causa permitió documentar cómo el uso de dispositivos móviles sin control efectivo puede facilitar la organización de estafas desde el encierro.
A partir de esta experiencia, Petrecca avanzó con una iniciativa que presentó en el Senado bonaerense, orientada a modificar el esquema vigente de comunicaciones en cárceles de la provincia de Buenos Aires. “Esto no es un hecho aislado, es una modalidad que crece, se perfecciona y necesita una respuesta institucional clara. No se trata de eliminar la comunicación, sino de ordenarla y ponerla bajo control del Estado. Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para delinquir”, sostuvo el senador en los fundamentos del proyecto.
De esa manera, la propuesta de Petrecca plantea la prohibición del uso de teléfonos celulares personales dentro de las unidades penitenciarias y su reemplazo por un sistema regulado, denominado Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), que prevé la realización de una plataforma institucional que funcione bajo una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, y que permita únicamente la comunicación con contactos previamente autorizados.
Según detalla la iniciativa del legislador juninense, el nuevo sistema incorporaría mecanismos de trazabilidad y supervisión estatal, con el objetivo de garantizar que las comunicaciones intramuros no sean utilizadas con fines delictivos. Asimismo, el escrito establece que la tenencia de dispositivos móviles en las unidades penitenciarias será considerada una falta grave y podrá impactar en beneficios como las salidas transitorias.
Por caso, el proyecto ingresado por Petrecca tras la utilización de su imagen para delinquir pone el foco en la falta de regulación actual, ya que el uso de celulares en cárceles se rige por un protocolo excepcional implementado durante la pandemia de 2020, que continúa vigente sin respaldo legal ni control legislativo. En ese marco, la iniciativa del legislador del PRO busca pasar de un esquema provisorio a una política pública estructurada que establezca reglas claras.
Prohibición total y control tecnológico: las alternativas que tensionan el modelo de Petrecca
Es preciso mencionar que, la propuesta de Petrecca no quedó aislada dentro de la Legislatura, sino que se inscribe en un escenario donde distintos bloques comenzaron a presentar proyectos con un mismo diagnóstico: los reclusos usan sus celulares para delinquir desde las cárceles. No obstante, los distintos textos cuentan con diferencias sustanciales en la forma de abordarlo, especialmente en relación con el grado de restricción, el rol del Estado en la gestión de las comunicaciones y las herramientas tecnológicas a implementar.
En esa línea, la senadora Malena Galmarini presentó una propuesta que también plantea la prohibición de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias, aunque a diferencia del esquema de Petrecca pone énfasis en el despliegue de infraestructura tecnológica de bloqueo al establecer la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses en un plazo máximo de 180 días, junto con controles y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos.
Por su parte, el bloque de senadores de Hechos – UCR Identidad avanzó con un proyecto que se alinea en términos generales con la idea de prohibición estricta, pero al mismo tiempo propone eliminar toda normativa que haya habilitado el uso de celulares desde la pandemia, con el objetivo de “restablecer el orden jurídico”. Es decir, exactamente lo mismo que plantea Petrecca con relación al “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”.
La diferencia con la propuesta de Petrecca radica en que no se centra en la creación de un sistema digital específico como el SCDS, sino en reforzar un esquema basado en medios institucionales ya existentes, con comunicaciones limitadas a canales oficiales supervisados, además de contemplar la implementación de tecnologías de inhibición, bloqueo y detección de señales, junto con la tipificación de la tenencia de celulares como falta grave con posibles consecuencias penales.
