El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, autorizó el traspaso de más de 5.300 metros de vías y sus terrenos aledaños en el partido de Olavarría a favor de la empresa privada, Cementos Avellaneda, en el marco del proceso de desregulación ferroviaria que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
La Resolución 1371/25, publicada este martes en el Boletín Oficial, desafectó un inmueble perteneciente al ramal La Providencia, que hasta ahora integraba la concesión de Ferrosur Roca y se destinaba históricamente al transporte de la producción de las canteras olavarrienses.
La beneficiaria del traspaso fue la histórica cementera olavarriense, Cementos Avellaneda, que había solicitado la desafectación del predio para construir allí una playa de cargas propia. En ese sentido, la normativa no solo le concede las tierras a la compañía, sino también los bienes que componen la infraestructura ferroviaria existente en el lugar para su uso privado.
El documento oficial remarcó que la iniciativa permitiría incorporar al transporte ferroviario aproximadamente un millón de toneladas adicionales de carga, lo que mejoraría la logística y potenciaría las exportaciones del sector. La construcción del proyecto, a su vez, generará una demanda intensiva de empleo e insumos que tendrá un impacto positivo en la economía regional de Olavarría, según argumentaron las autoridades nacionales.
En esa misma línea, un informe de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias del Estado (ADIFSE) señaló que el proyecto “redunda en una reducción de los costos de producción, lo que impacta en la actividad económica, generando mayor competitividad y accesos a nuevos mercados”.
Con ese respaldo técnico, el ministro Caputo autorizó sin objeciones el levantamiento de las vías y oficializó el traspaso de los terrenos, en una decisión que refuerza el avance de actores privados sobre la infraestructura ferroviaria nacional.
En tanto, la concesionaria Ferrosur Roca, que desde 1992 administra el ferrocarril de cargas General Roca, quedó marginada del inmueble y solo continuará operando con los ramales que permanecen bajo su control, al tiempo que se consolida el retiro del Estado en áreas estratégicas del sistema.
De esta manera, Olavarría se convirtió en escenario de una nueva transferencia de bienes públicos hacia empresas privadas en uno de los sectores clave para la economía bonaerense. El episodio se suma a otros movimientos recientes que achican la extensión operativa de la red ferroviaria en el marco de la estrategia de ajuste nacional para aumentar la rentabilidad de las compañías estatales.
El Gobierno profundiza la desregulación ferroviaria y cede tramos viales en Olavarría
El Gobierno de Javier Milei avanzó este año con una política de desregulación total del sistema ferroviario de cargas que incluye la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. y la concesión de vías a empresas privadas. En febrero pasado, a través del Decreto 60/2025, el Ejecutivo dispuso que la compañía estatal sea desintegrada verticalmente y transferida al sector privado mediante distintos mecanismos.
Ese esquema, denominado “concesión de infraestructura de acceso abierto”, establece que los concesionarios deberán permitir el uso de las vías a cualquier operador de carga para evitar monopolios y fomentar la competencia. Sin embargo, el modelo implica que el material rodante, los talleres y los inmuebles aledaños pasen a gestión privada, mientras el Estado conserve solo la propiedad de la tierra y las vías.
En ese sentido, la reciente autorización del ministro de Economía, Luis Caputo, para que Cementos Avellaneda se quede con más de 5.300 metros de vías y un predio en Olavarría se inscribe en ese mismo marco. Inclusive, el beneficio incluyó la posibilidad de levantar la infraestructura ferroviaria existente y construir una playa de cargas propia para la compañía.
De esa forma, la política oficial promueve un corrimiento del Estado en áreas estratégicas de la red ferroviaria nacional. Mientras los sectores productivos destacan la posibilidad de reducir costos logísticos, especialistas advierten sobre el riesgo de un deterioro del servicio y aumentos tarifarios que impacten en las economías regionales.
