A raíz de la ley contra los deudores alimentarios impulsada por el gobernador Axel Kicillof, el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Luciano Olivera, presentó un proyecto para endurecer las sanciones contra aquellos que incumplan el pago de la cuota para la manutención de sus hijos, sobre todo cuando quieran a ser candidatos a un cargo electivo.
Según comenta Olivera en su iniciativa, la Ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (N°15.520), impulsada por la gestión de Kicillof, contempla una serie de restricciones, como la prohibición de ser candidatos, mediante la exigencia de un “Certificado de Libre Deuda Alimentaria”. De acuerdo al legislador mileísta, esta manera de sancionar deja la puerta abierta a que se pueda postularse a un cargo y luego se pueda normalizar la deuda una vez que haya sido electo.
“Convencidos de que debemos propender a una exigencia mayor para el cumplimiento de las obligaciones básicas y legales, proponemos que el requisito del certificado sea desde el primer momento en que se pretenda acceder a un cargo, es decir, que la persona inscripta en el registro regularice su situación desde el inicio de su proyección”, mencionó el oriundo de Malvinas Argentinas.
En rigor, el legislador libertario plantea una modificación integral del marco normativo vigente, que incluye cambios en el Decreto-Ley 9889/82 de partidos políticos, la Ley Electoral 5.109, la Ley 14.086 de elecciones primarias y la Ley 13.074 que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En este sentido, los partidos políticos, alianzas y agrupaciones municipales deberán encargarse de presentar el certificado de libre deuda al momento de oficializar listas en instancias primarias y generales.
El planteo también incorpora sanciones operativas para garantizar el cumplimiento del requisito, ya que la Junta Electoral podrá intimar por única vez a las fuerzas políticas para que regularicen la situación o reemplacen al candidato en un plazo de 24 o 48 horas, según el caso. De no cumplirse con esa intimación, la lista será considerada incompleta y quedará fuera del proceso electoral.
A través de los fundamentos, Olivera sostiene que el objetivo central consiste en reforzar la responsabilidad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía. “La obligación alimentaria es uno de los deberes jurídicos más elementales y primarios del ordenamiento civil”, afirmó.
El proyecto también extiende la exigencia del certificado a aspirantes a cargos judiciales ante el Consejo de la Magistratura, a la vez que fija la obligación de mantener actualizada la situación durante todo el ejercicio del cargo. De este modo, la iniciativa incorpora controles periódicos que exigen acreditar la libre deuda al menos dos veces al año.
“Es necesario terminar con los privilegios de la dirigencia política y judicial y exigir a quienes integran el sistema institucional los mismos requisitos que rigen y se le exigen a cualquier ciudadano”, sostuvo el senador.
Por último, el texto incorpora una modificación clave en la lógica del sistema vigente, ya que busca impedir que los deudores regularicen su situación una vez alcanzado el cargo. Según Olivera, el esquema actual permite que una persona acceda a una función pública en infracción a la ley y luego subsane su incumplimiento, lo que considera una debilidad institucional.
La iniciativa toma como antecedente normativo la Ley 629 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya contempla mecanismos similares e incluso más estrictos en materia de control de deudores alimentarios. “Uno de los pilares para reconstruir la confianza en las instituciones consiste en terminar con la lógica de impunidad y privilegios”, concluyó el senador libertario, al defender la implementación de criterios más rigurosos en el acceso a cargos en la provincia de Buenos Aires.
