El senador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Luciano Olivera, esta semana presentó un proyecto de ley destinado a ordenar el proceso de transición entre administraciones municipales y provinciales en la provincia de Buenos Aires, el cual fija un esquema obligatorio de entrega de mando entre autoridades salientes y electas con el objetivo de asegurar un traspaso “responsable, ordenado, austero y transparente”.
“Esta iniciativa busca darle un marco normativo al período de traspaso de la gestión provincial y de cada gestión municipal que integra la provincia, independientemente de si se trata de administraciones que pertenezcan a un mismo partido, agrupación o filiación política partidaria”, precisó el dirigente libertario.
En primer lugar, el planteo de Olivera alcanza tanto al Ejecutivo provincial como a los municipios bonaerenses. El representante de la Primera sección defendió el proyecto al sostener que la provincia de Buenos Aires “carece de una normativa” que garantice una transición “ordenada” entre gobiernos y advirtió que esa falta de regulación “provoca discrecionalidad y malversación del Estado por parte de las autoridades salientes”.
Para tal fin, el texto legislativo establece que el Gobierno bonaerense designe una autoridad de aplicación encargada de coordinar el traspaso entre ambas administraciones. Según precisó el expediente, ese organismo tendrá la responsabilidad de convocar representantes de las dos gestiones, articular reuniones técnicas, evitar obstáculos administrativos y garantizar el cumplimiento de los protocolos institucionales vinculados a la entrega de mando.
Asimismo, la iniciativa libertaria obliga a los gobiernos salientes a elaborar informes integrales sobre el estado de la administración antes del cambio de gestión. En concreto, las autoridades deberán remitir información vinculada al personal permanente y transitorio, la situación financiera, balances generales, litigios judiciales, contrataciones públicas, licitaciones en curso, auditorías, inventarios patrimoniales y bases de datos administradas por el Estado.
En esa misma línea, otro de los puntos centrales del expediente apunta a restringir decisiones administrativas durante el llamado “período de transición”. El texto prohíbe de manera expresa que las gestiones salientes tomen deuda, comprometan presupuesto público mediante préstamos o realicen contrataciones de personal mientras dure el proceso de traspaso, salvo excepciones vinculadas con cláusulas inflacionarias o trámites previamente iniciados.
Sobre este punto, Olivera reparó en el hecho de que muchas administraciones entrantes ven comprometidas sus estructuras y patrimonios por decisiones políticas tomadas en los últimos días de la gestión previa. “Si el electorado decidió un cambio de rumbo, el gobierno saliente no puede condicionar estructuralmente a la gestión entrante”, categorizó el representante de LLA.
En tanto, otro de los aspectos contemplados en el expediente incorpora la obligación de la nueva administración de publicar un informe final dentro de los tres meses posteriores a la asunción. Según detalla el proyecto, este documento deberá incluir toda la información recibida durante el proceso de traspaso y un detalle actualizado sobre el estado de situación de los organismos alcanzados por la ley.
Finalmente, el senador Olivera argumentó que su iniciativa no busca limitar las atribuciones constitucionales de los gobiernos en funciones, sino establecer reglas institucionales claras para evitar arbitrariedades durante los cambios de gestión. “La transición no puede ser una zona gris del orden jurídico”, sostuvo el legislador provincial en uno de los pasajes más enfáticos del texto.
Vale destacar que la propuesta del bloque opositor toma como referencia una serie de iniciativas impulsadas en distintos distritos del país que buscan ordenar los procesos de traspaso entre administraciones, especialmente frente a escenarios de alternancia política. De hecho, el autor del proyecto mencionó el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que cuenta con la Ley N°5.640 de Proceso de Transición Republicana, además del régimen específico sancionado por la provincia de Entre Ríos para regular el cambio de gobierno provincial.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, semanas atrás el diputado oficialista Ricardo Lissalde también presentó su propio proyecto para regular el proceso de transición entre gobiernos bonaerenses. El dirigente de Fuerza Patria se metió en la discusión de cara a las próximas elecciones de 2027, en las que Axel Kicillof finalizará sus dos mandatos consecutivos y no podrá buscar una nueva reelección.
“Esto no puede quedar librado al azar, o mejor dicho, a la buena voluntad o predisposición sobre todo de los gobernantes salientes”, señala Lissalde en los fundamentos de su iniciativa, que conserva un enfoque similar al expediente impulsado por Olivera.
En concreto, el proyecto del legislador oficialista define a la transición como el período que se inicia tras la proclamación de autoridades electas y se extiende hasta la asunción de la nueva gestión. Durante ese lapso, la iniciativa propone la creación de un Consejo de Transición Saliente, integrado por funcionarios del Ejecutivo, y un Consejo de Transición Entrante, designado por el Gobernador electo.
Según detalla el texto parlamentario, ambos organismos tendrán la tarea de coordinar la entrega de información y elaborar un informe final sobre el estado general de la administración bonaerense.
