En las últimas horas, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Luis Ontiveros, presentó un proyecto para modificar la ley provincial de Educación Sexual Integral (ESI) para incorporar un mecanismo que garantice a las familias el acceso previo, íntegro y fehaciente a los contenidos que se dictarán en los niveles inicial y primario.
La iniciativa de Ontiveros propone la incorporación de nuevos artículos a la Ley 14.744 para establecer el “deber de información previa” por parte de las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada. En concreto, el proyecto libertario fija que las escuelas deberán garantizar a los padres o representantes legales el acceso a los contenidos curriculares, ejes temáticos, materiales didácticos y planificación de actividades vinculadas a la ESI antes de su abordaje en el aula.
Según detalla el texto parlamentario de La Libertad Avanza, la comunicación deberá realizarse “con antelación suficiente” para asegurar que las familias tomen conocimiento oportuno de los contenidos que recibirán los estudiantes, al tiempo que establece que la autoridad de aplicación será la encargada de reglamentar los mecanismos de notificación con el fin de garantizar que la información llegue de manera efectiva a los progenitores, en función de la edad y el grado de desarrollo de los alumnos.
En el escrito, Ontiveros propone sanciones concretas y sumarios para aquellos docentes que no cumplan con lo propuesto en las modificaciones. “Ante la omisión de la notificación previa y fehaciente, los progenitores o representantes legales podrán solicitar ante la autoridad escolar la vista inmediata de los materiales y la postergación del abordaje de los contenidos específicos de ESI hasta tanto se acredite el cumplimiento”, remarcó el oriundo de La Matanza.
En los fundamentos del proyecto, Ontiveros y los legisladores libertarios que acompañan su iniciativa sostienen que la propuesta no busca modificar el carácter obligatorio de la ESI ni restringir su implementación en las escuelas bonaerenses, sino fortalecer la política pública a través de herramientas de transparencia institucional. En ese sentido, remarcan que el acceso previo a la información constituye una “condición necesaria” para consolidar la corresponsabilidad entre la escuela y la familia.
“En la práctica se observa una marcada opacidad informativa, ya que las familias suelen desconocer las temáticas abordadas o toman conocimiento de ellas con posterioridad a su desarrollo en el aula. Esta carencia de notificación previa dificulta el acompañamiento pedagógico, especialmente en los niveles inicial y primario, donde la participación de los progenitores o representantes legales es central en función de la edad y el grado de desarrollo de los educandos”, remarcó el diputado de La Libertad Avanza.
En tanto, Ontiveros indicó que tanto la Ley de Educación Nacional como la legislación bonaerense reconocen a las familias como actores fundamentales en el proceso educativo, por lo que consideró que su participación efectiva depende del acceso oportuno a la información. “La Convención sobre los Derechos del Niño también consagra el derecho y deber de los padres de orientar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos”, completó el diputado.
La fallida Ley de Libertad Educativa y el fin del financiamiento nacional a la ESI
Es preciso recordar que, en octubre de 2025, el gobierno de Javier Milei resolvió poner fin a casi dos décadas de política nacional de ESI al dejar de asignarle presupuesto específico y retirar al Estado nacional de su implementación directa. De esta manera, el programa, vigente desde la sanción de la Ley 26.150 en 2006, pasó a depender exclusivamente de las provincias, sin financiamiento ni coordinación centralizada, lo que implicó un cambio estructural en la política educativa.
La decisión de Milei también incluyó modificaciones en los contenidos oficiales dado que avanzó con recortes en los materiales disponibles en el portal Educ.ar, que eran utilizados por educadores de todos los niveles y lugares del país como referencia para la enseñanza de la ESI. Según informó el Gobierno, aquellos recursos “no se ajustaban a los nuevos criterios”, por lo que serían reemplazados de forma progresiva, en línea con la redefinición del enfoque educativo impulsado por la administración nacional.
En ese mismo marco, Casa Rosada eliminó un artículo de la ley que establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual del programa sobre la prevención de la violencia de género “Educar en Igualdad“, una medida que significó la supresión de una de las herramientas complementarias que formaban parte del abordaje integral de la ESI en el sistema educativo argentino.
Un mes después, en noviembre de 2025, el Gobierno nacional profundizó esta línea al presentar ante el Consejo de Mayo un borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa”, que buscaba derogar la actual Ley de Educación Nacional N° 26.206. La iniciativa propone un rediseño del sistema educativo en sus niveles inicial, primario y secundario, manteniendo sin modificaciones la normativa de educación superior.
El proyecto introduce como principios rectores la “libertad educativa”, el “rol preferente” de las familias y la “subsidiariedad del Estado”, al desplazar la concepción de la educación como bien público. En este nuevo esquema, si bien se sostiene la gratuidad escolar y los contenidos mínimos obligatorios, se plantea la eliminación de la ESI tal como se la conoce y su reemplazo por un “Programa de Habilidades Socioemocionales”, junto con la incorporación de planes de convivencia escolar y herramientas vinculadas a la inteligencia artificial.
