El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió al cruce de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo acusó de haber organizado y financiado el traslado de barrabravas hacia el Congreso durante la movilización de jubilados. En un duro descargo, el jefe comunal calificó la acusación como una “denuncia falsa” y la enmarcó en una estrategia del Gobierno nacional para “tapar la represión.
A través de sus redes sociales, Otermín desmintió su participación en los incidentes y aseguró que se enteró de la denuncia mientras realizaba una recorrida de obras en Turdera. “Me sorprendió la noticia de una denuncia de la ministra de Seguridad sobre una supuesta participación en los incidentes del miércoles. Esto es absolutamente falso”, expresó. Además, el intendente advirtió que el Gobierno de Javier Milei busca instalar un relato para desviar el foco de la brutal represión policial contra adultos mayores.
En declaraciones radiales, Otermín profundizó su respuesta y apuntó contra la “falta absoluta de compromiso con la verdad” por parte de Bullrich. Según el intendente, el oficialismo necesita fabricar enemigos para justificar sus políticas de ajuste y el deterioro social que generan. “Lo que sucede acá es que hay jubilados a los que se les complica sobrevivir y hay un gobierno que reacciona con ferocidad. Buscan mostrar orden artificial en la calle porque ya no pueden ocultar que la gente vive peor”, planteó.
El jefe comunal de Lomas de Zamora también vinculó la denuncia en su contra con la avanzada del oficialismo contra los principales distritos peronistas. “No es casual que apunten contra dos de los municipios más grandes de la Provincia, que además son gobernados por el peronismo”, señaló, en referencia a la acusación que también recayó sobre el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Para Otermín, esta estrategia forma parte de una “campaña de distracción” del Gobierno, que ya tuvo su capítulo anterior con el intento fallido de intervención de la provincia de Buenos Aires.
Desde el municipio de Lomas de Zamora también rechazaron la denuncia del Ministerio de Seguridad y aseguraron que no existe ningún elemento que vincule a la comuna con los incidentes ocurridos en el Congreso. “Los gobiernos toman decisiones y deben hacerse cargo de que haya gente que no esté de acuerdo. Lo que hay que lograr es procesar esas disconformidades pacíficamente”, insistió Otermín.
En la misma línea, el intendente advirtió sobre la gravedad de la persecución a la protesta social y la estigmatización de la oposición política. “Nuestro compromiso es con la democracia y con la paz”, sostuvo. Finalmente, el peronista lanzó un mensaje directo contra Bullrich: “Hay una ministra que debería estar trabajando para que la gente viva tranquila y en cambio se dedica a hacer operaciones para distraer y amedrentar el derecho a la protesta“.
La denuncia de Bullrich contra Otermín y los incidentes en el Congreso
Dos días después de los graves incidentes en la marcha de jubilados frente al Congreso, el Gobierno presentó una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada, en la que apuntó contra los dos intendentes peronistas y un dirigente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo.
En la presentación judicial, el Ministerio de Seguridad acusó a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, de haber financiado y organizado la movilización que derivó en los disturbios. Además, el Gobierno solicitó el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien había ordenado la liberación de los 114 detenidos.
Según la denuncia, “la organización de la movilización, destinada a provocar disturbios enfrentando a la policía y generar represión, implicaría la participación de los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora”. También menciona denuncias anónimas recibidas en la línea 134, donde se señalaba la presencia de barrabravas de clubes como Tigre y Nueva Chicago entre los manifestantes.
La presentación judicial incluyó referencias a los destrozos ocasionados en patrulleros y motos policiales, a los agentes heridos y a la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras el impacto de una posta de gas lacrimógeno policial. También se mencionó el caso de la jubilada cuyo video se viralizó tras ser derribada por un agente de seguridad.
