La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro nacional de 24 horas previsto para este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En una conferencia de prensa realizada en su sede de Azopardo, la conducción cegetista ratificó la medida y anticipó que la protesta marcará el inicio de una etapa de mayor confrontación con el Gobierno nacional.
Durante la exposición, los dirigentes sindicales señalaron que la central obrera no está dispuesta a resignar derechos laborales y exhortaron a los legisladores a revisar su postura frente al proyecto oficial. En ese marco, formularon un “llamado a la reflexión” a los diputados para que, según indicaron, actúen con “responsabilidad política” al momento de votar la iniciativa.
La CGT también vinculó el cierre de la empresa FATE con la situación económica general. Los dirigentes atribuyeron la decisión empresaria al “fracaso del plan económico del Gobierno” y manifestaron su solidaridad con los 920 trabajadores que perderán su empleo tras el cese de actividades de la planta.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que la reforma laboral implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores. Según detalló, el dirigente el proyecto impacta en tres dimensiones: “lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia monetaria significativa a los empleadores”.
En ese sentido, el referente sindical afirmó que el país atraviesa una situación sociolaboral compleja, con pérdida de empleo formal y cierre de pequeñas y medianas empresas, al tiempo que señaló que en los últimos dos años se registraron 300 mil puestos formales menos y mencionó la baja utilización de la capacidad instalada industrial, que ubicó por debajo del 50%.
En esa línea, Sola advirtió además que algunos mecanismos previstos en la reforma, como el Fondo de Asistencia Laboral y cambios en el esquema de indemnizaciones y aportes patronales, podrían representar una transferencia anual estimada en 6.000 millones de dólares hacia el sector empleador, ya que a su entender, esos recursos tendrían como destino el sistema financiero.
Por su parte, Cristian Jerónimo, también integrante del triunvirato cegetista, calificó la orientación del proyecto como “regresiva” y sostuvo que afecta tanto derechos individuales como colectivos. “No estamos dispuestos a ceder ni a entregar los derechos y conquistas que consiguió el movimiento obrero argentino”, expresó durante la conferencia.
Jerónimo también hizo referencia al cierre de FATE como un ejemplo del contexto actual y afirmó que la pérdida de empleos en ese establecimiento refleja el impacto del programa económico vigente. Asimismo, anticipó que la CGT evalúa recurrir a la Justicia para cuestionar artículos que considera inconstitucionales en caso de que la ley sea aprobada.
En el cierre, la conducción sindical aseguró que la medida de fuerza será contundente y que la adhesión de distintos gremios garantizará un alcance nacional. “Este es el comienzo”, advirtieron, al tiempo que reiteraron el pedido a los diputados para que reconsideren su apoyo al proyecto en debate.
Adhesiones gremiales al paro nacional
La central obrera informó que la huelga contará con el acompañamiento de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que permitirá paralizar el transporte público durante la jornada del debate parlamentario. La consigna difundida por la CGT es que “no haya nadie en la calle” como expresión de rechazo a la reforma laboral.
Durante la conferencia también se mencionó la situación de nueve gremios marítimos que iniciaron un paro de 48 horas en rechazo a modificaciones que, según denunciaron, afectarían su convenio colectivo de trabajo y su encuadre dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los dirigentes sindicales cuestionaron además la falta de instancias de diálogo sustantivo con el Poder Ejecutivo y señalaron que, más allá de la medida anunciada, el plan de acción podría continuar si el proyecto avanza en el Congreso.
En ese contexto, la CGT reiteró que, de sancionarse la norma, impulsará acciones judiciales contra los artículos que considera contrarios a principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo y la progresividad de los derechos laborales.
