El diputado bonaerense del bloque Espacio Abierto – Hechos, Manuel Passaglia, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para ponerle un tope a los abusos tarifarios en la renovación de las licencias profesionales de conducir.
Es que, el costo total del trámite para renovar las licencias profesionales de conducir rondaba los $20.000. Sin embargo, con el aumento del 1200% de junio pasado, el valor puede alcanzar los $250.000.
Una suma que los propios conductores que tramiten por primera vez una licencia profesional interjurisdiccional de las categorías C, D o E calificaron como “imposible de afrontar” en el actual contexto económico.
“La ausencia de parámetros objetivos respecto de los valores cobrados por tales prestaciones genera una significativa dispersión de precios, afectando el principio de igualdad en el acceso a la licencia profesional, lo que constituye una barrera económica para quienes dependen de ella como herramienta de trabajo”, alegó el legislador bonaerense.
En ese marco, Passaglia presentó una iniciativa para establecer un límite máximo de $25.000 a los aranceles que pueden percibir los prestadores externos de evaluación psicofísica y de capacitación, garantizando que las evaluaciones se concentren en una misma jornada.
Según detalló el legislador, la iniciativa resulta aplicable a todos los prestadores externos de evaluación psicofísica de capacitación que, registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), presten servicio en suelo bonaerense, en el marco de las licencias profesionales.
El monto máximo establecido en el artículo precedente será actualizado semestralmente conforme la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al período inmediato anterior.
Al respecto, el diputado bonaerense advirtió que, a pocos meses de entrada la vigencia del nuevo sistema, se verificó importantes diferencias en los aranceles percibidos por los prestadores habilitados para la realización de los exámenes requeridos para la obtención y renovación de las licencias profesionales.
“El Estado tiene el deber de garantizar que los servicios vinculados con el otorgamiento de licencias de conducir se desarrollen bajo criterios de razonabilidad, accesibilidad, eficiencia y protección del interés público”, recalcó Passaglia en los considerandos de la iniciativa.
Además, en numerosos, el legislador advirtió que las evaluaciones médicas y los exámenes prácticos son programados en distintas fechas, obligando a los solicitantes a recurrir reiteradamente, con el consecuente incremento de costos de traslado, pérdida de jornadas laborales y mayores demoras administrativas.
En ese sentido, el texto establece la prohibición de cobros adicionales en concepto de gastos administrativos, sellados, cargos por turno, por emisión de certificados o por cualquier otro rubro no expresamente autorizado.
