En el marco del Plan Motosierra, la Cámara de Diputados lanzó un plan de retiros voluntarios para el personal de planta permanente y temporaria del ámbito legislativo, en medio de la batería de las reformas y del ajuste del gasto público que promueve el Ejecutivo nacional de Javier Milei.
Según detallaron desde la Cámara baja, que conduce Martín Menem, el “Régimen de Retiro Previo a la Jubilación”, instrumentado a través de la Resolución 56/25, regirá por 90 días, a partir del 1° de enero de 2026, y tendrá una vacante de 300 cupos.
“El plan abarca personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria (afectado a estructuras orgánicas aprobadas con una antigüedad mayor a dos años), que hayan cumplido funciones hasta 60 meses; con 30 años de aportes”, ampliaron las autoridades de la Cámara baja.
Además, el plan de retiros voluntarios establece los “60 años o más” para los varones y “55 años o más” para las mujeres”, con una oferta de indemnización correspondiente al salario bruto, más un 10%.
Vale recordar que, a mediados del noviembre pasado, la administración nacional había adelantado sus intenciones de relanzar el Plan Motosierra este año, a fin de reducir la planta de trabajadores estatales otro 10%.
Es que, tras la reestructuración de Gabinete, el jefe de ministros, Manuel Adorni, comenzó a coordinar con su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, otra tanda de despidos.
“La motosierra es constante”, señalaron desde el despacho de Sturzenegger, tras revelar que los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar, de seguridad y empresas del Estado.
En esa línea, un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 0,3% en octubre de este año, al tiempo que reveló que el total de trabajadores es de 282.570, cifra que apuestan a disminuir.
Cabe destacar que, por orden directa del jefe de Estado libertario, la cartera que comanda Sturzenegger se dedica a revisar mes a mes organismos, con extrema puntillosidad en sus estructuras y funciones bajo el objetivo de “lograr un Estado más eficiente”.
“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos, en cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, confesaron desde la cartera con respecto a los trabajadores estatales, aunque evitaron adentrarse en detalles por la conflictividad gremial.
Vale mencionar que, en sus primeros dos años, los recortes de la administración mileísta estuvieron enfocados en achicar la administración centralizada, por lo que el objetivo de este segundo tramo de la gestión será focalizar en los organismos descentralizados.
Así, en esta segunda parte del mandato, la motosierra del libertario apuntará a organismos como AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros.
Plan Motosierra en el INTA: Milei despidió a 300 trabajadores
En esa línea, la administración mileísta despidió a 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), apenas una hora después de que el Senado rechazara el decreto que buscaba desguazar al organismo, lo que desató una fuerte crisis institucional ya que gremios y legisladores denuncian que la Casa Rosada desobedeció tanto al Congreso como a la Justicia.
La medida fue instrumentada a través de una resolución del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, que alcanzó también a otros entes descentralizados. El episodio se produjo luego de que el Senado, en sintonía con la Cámara de Diputados, invalidara el Decreto 462/25 que disponía la supresión del INTA, la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con la Resolución 1240/25 firmada por Caputo, que puso en disponibilidad a 367 trabajadores en total, de los cuales 286 pertenecen al INTA. La norma, registrada a las 19:28 del jueves, apenas sesenta minutos después de la votación parlamentaria, argumenta que los despidos forman parte del proceso de “transformación” del organismo a uno desconcentrado, y de la reestructuración administrativa del resto de los institutos.
Justamente esas reformas habían sido frenadas por el Congreso y por una cautelar de la Justicia Federal, lo que alimenta las acusaciones contra la Casa Rosada por desconocer la institucionalidad. Además, la resolución estableció que quedaban limitadas todas las licencias sin goce de haberes, comisiones de servicio, adscripciones o asignaciones transitorias vinculadas al personal de los organismos alcanzados, lo que implica un corte abrupto de cualquier régimen de excepción.
En tanto, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general nacional Rodolfo Aguiar denunció que la medida “desconoce la voluntad del Congreso y una orden judicial”, y advirtió que “es un acto administrativo viciado, dictado con mala fe y al margen de la ley”. Según el dirigente, la decisión de Milei “fractura el Estado de Derecho” porque implica un desconocimiento directo de los contrapesos democráticos.
