Ante la suba de casos en la provincia de Buenos Aires de personas fallecidas a causa de intoxicación por fentanilo contaminado, el senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof brinde información acerca del medicamento que puso en vilo el sistema sanitario provincial y nacional.
En las últimas horas, se conoció un nuevo reporte sanitario que da cuenta de que la lista de víctimas fatales por fentanilo asciende a 96 nombres. Todas estas personas entraron en contacto con un lote contaminado de 155 mil amapolas, producido por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group el pasado 18 de diciembre de 2024.
Por tal motivo, Rico Zini presentó un pedido de informes para que el Gobierno provincial se expida sobre el estado y avance en la implementación de políticas de control sobre la producción, comercialización, autorización y adquisición del fármaco fentanilo para su posterior uso en los distintos centros de salud.
En ese sentido, Rico Zini pide saber en primer lugar el grado de cumplimiento del Gobierno provincial con respecto a la resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre prohibir el uso, la distribución y la comercialización del fentanilo.
“En el mes de abril, el caso del fentanilo contaminado fue una noticia que impactó gravemente a la salud y tranquilidad de los ciudadanos, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones respiratorias en pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, recordó Rico Zini en su proyecto.
Asimismo, el legislador del PRO exige que el Gobierno informe las gestiones del Ejecutivo para retirar del mercado el fentanilo producido por Ramallo y HLB Pharma Group, y explique si se implementaron sistemas de control de calidad sobre otras drogas o fármacos creados por estas dos empresas, que podrían tener una contaminación idéntica o similar.
“Nuestra provincia no resulta ajena a la situación global: las recientes muertes causadas por la aplicación de la sustancia a pacientes en estado crítico lo evidencian. Muchos de ellos habían sido internados por distintas razones clínicas que derivaron en el suministro de fentanilo como parte del tratamiento paliativo del dolor y, poco después, desarrollaron cuadros infecciosos graves”, alertó el senador oriundo de Pergamino.
Además, Rico Zini pidió que se de cuenta de las inspecciones realizadas en los centros de salud a través de los entes de fiscalización sanitaria bonaerense para evitar el uso del fentanilo contaminado, con información tanto sobre los productos secuestrados como el número de los lotes y la cantidad total de los medicamentos interceptados.
“Es necesario que el Ejecutivo provincial, explique la situación sanitaria de la Provincia, la continuidad o no de la comercialización del producto descrito, las medidas de control sobre su fabricación y autorización para su uso y conocer si se han retirado de circulación todos los lotes contaminados”, subrayó Rico Zini.
Es necesario mencionar que, en el nuevo reporte de víctimas fatales se precisó que 9 son bonaerenses provenientes del Hospital Regional Español de Bahía Blanca. Los demás decesos, se reparten en tres del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, uno de la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, y siete del Instituto de Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe.
El Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, puso la lupa en esos casos de Bahía Blanca al evaluar que falta información complementaria, que quizás pudo haberse perdido en la última inundación de principios de marzo. Por eso, la Justicia busca esclarecer si los internados en la Unidad de Terapia Intensiva que entraron en contacto con el fentanilo contaminado, dieron positivo en los hemocultivos, es decir en el análisis microbiológico de sangre.
De esta manera, el senador del PRO remarcó la urgencia e inmediatez en la respuesta del Gobierno Provincial ante la emergencia sanitaria declarada y la amenaza que alcanza la situación respecto al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos de toda la Provincia.
