Esta semana, el senador bonaerense del bloque Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, volvió a poner en el centro del debate el uso de los recursos públicos de la gestión de Axel Kicillof, al presentar un proyecto que propone fijar un tope al gasto en publicidad oficial del Poder Ejecutivo. La iniciativa establece que ese límite anual esté atado a la inversión destinada a infraestructura educativa, con el objetivo de priorizar áreas sensibles de la administración provincial.
“Cuando el gobierno de la Provincia destina dos pesos a gastos de capital escolar destina uno a publicidad”, expresó Kikuchi al ilustrar la relación entre ambas partidas, ya que a su juicio, se trata de una proporción que “debería ajustarse” para priorizar la inversión en edificios escolares.
La iniciativa, tuvo su primer ingreso al Senado bonaerense el año pasado, pero perdió estado parlamentario al no encontrar tratamiento en las comisiones permanentes de la Cámara. En esta oportunidad, el legislador volvió a plantear la necesidad de “normar gastos que hasta el momento se ejecutan sin ningún tipo de restricción”.
El proyecto establece que el gasto total en publicidad no podrá superar el 20% del presupuesto destinado a incrementar, mantener o conservar la infraestructura educativa durante el mismo ejercicio. La regulación alcanzaría al Poder Ejecutivo, ministerios, organismos descentralizados, empresas del Estado y aquellas con participación estatal mayoritaria.
En los fundamentos, Kikuchi sostiene que el objetivo es “alcanzar la eficiencia en materia de administración de recursos públicos y delinear prioridades en el gasto”. En ese sentido, el legislador remarca que si bien determinados actos de gobierno deben difundirse, “gran parte del gasto hoy ejecutado en publicidad se vuelve partidario o propagandístico”.
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Provincial de Proveedores de Publicidad Oficial, en el que deberán inscribirse todos los medios, agencias y empresas que reciban pauta estatal. Asimismo, dispone que los organismos alcanzados elaboren informes trimestrales con el detalle de las contrataciones y la rendición documentada de los fondos, los cuales deberán publicarse en el sitio web de la Contaduría General.
En caso de incumplimiento, el proyecto prevé sanciones para los funcionarios responsables, que podrían derivar en su remoción conforme al régimen correspondiente, incluso si el funcionario investigado cesara en su cargo, las actuaciones continuarían hasta su resolución.
Para fundamentar la necesidad de la norma, el senador citó datos de ejecución presupuestaria correspondientes a 2023. Según consignó el legislador, entre enero y septiembre de ese año el Ejecutivo provincial destinó más de 10 mil millones de pesos a publicidad y propaganda, mientras que los gastos de capital de la Dirección General de Cultura y Educación superaron los 20 mil millones.
Transparencia y control de la publicidad
El proyecto define como gasto en publicidad toda erogación destinada a medios de comunicación, agencias de publicidad, empresas de cartelería gráfica o digital y periodistas, con el fin de difundir actos de gobierno, políticas públicas o la imagen institucional de los organismos alcanzados.
Además del tope presupuestario, la propuesta incorpora mecanismos de control mediante la publicación trimestral de informes detallados. Esa información deberá incluir los términos de las contrataciones y la rendición documentada del gasto, con acceso público a través de la Contaduría General de la Provincia.
Por otra parte, Kikuchi aseguró en los fundamentos que existe una demora en la publicación de datos oficiales de ejecución presupuestaria, lo que, según el autor, refuerza la necesidad de contar con herramientas normativas que garanticen mayor transparencia y previsibilidad en el uso de fondos públicos.
Para justificar el tope, el proyecto menciona cifras de ejecución presupuestaria (enero–septiembre 2023):
- $10.084.154.058 en publicidad y propaganda.
- $20.996.362.374 en gastos de capital de la Dirección General de Cultura y Educación (infraestructura escolar).
Según el texto, el gasto en publicidad representó el 48% del gasto en infraestructura escolar en ese período.
- El gasto total en publicidad no podrá superar el 20% del presupuesto destinado a infraestructura educativa en el mismo año.
