Tras las alertas lanzadas por legisladores opositores y por la mesa de Enlace bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desmintió la implementación de una junta provincial de granos en el Puerto Quequén, aunque aclaró que su gestión estudia implementar una “reserva de carga” que garantice el derecho de uso a los pequeños productores.
En ese sentido, el mandatario bonaerense indicó que con el vencimiento de la prórroga de la concesión de la Terminal Quequén S.A, que tendrá lugar en noviembre, comenzaron las negociaciones por el nuevo contrato, en la que el Ejecutivo buscará avanzar con el esquema de beneficios para los productores que a través de un sistema de derechos de uso del elevador de granos.
“Generalmente los productores son el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena, ya que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la rentabilidad. Desmentimos categóricamente la supuesta creación de una junta provincial de granos”, afirmó Kicillof, en declaraciones radiales.
De esta manera, el sistema que quiere establecer Kicillof implica que el Estado provincial tenga acceso a una cuota de uso del elevador de granos en el Puerto Quequén, que representa el 7% de las exportaciones argentinas, paraponerla a disposición de los productores.
En este marco, la renovación de la licitación de la Terminal Quequén S.A. generó tensiones dentro del directorio del Consorcio de Gestión, integrado por Jimena López, única representante del gobierno provincial, y ocho miembros que incluyen, entre otros, representantes gremiales, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).
Días atrás, la Mesa de Enlace bonaerense emitieron un comunicado en el que rechazaron “cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo”. “Sugerimos a Kicillof que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”, protestaron.
“El proceso licitatorio para la concesión del operador en el Puerto Quequén debe darse respetando las condiciones en los pliegos y bases que surgen de la ley 23.696 en donde se establece el marco regulatorio y la necesidad de efectuar un procedimiento de licitación pública nacional e internacional para el operador de la misma”, reclamaron las entidades rurales.
Por su parte, Jimena López aseguró que el proceso de licitación “no es una intervención provincial”, sino queestá diseñado con un “alto nivel de tecnicismo y seguridad jurídica”, y está orientado a permitir la participación del sector productivo agroexportador, excluyendo la posibilidad de que fondos buitres o fondos económicos participen.
En las últimas horas, alrededor de 120 trabajadores del Puerto Quequén, recibieron un correo electrónico con la firma del titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y accionista mayoritario de la empresa Terminal Quequén S.A., José Martins, en la que aseguraba que, por las recientes decisiones del Ejecutivo provincial, la continuidad de sus empleos no estaba garantizada.
“La falta de definición concreta sobre el futuro de la Terminal por parte del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, nos pone frente a la obligación de no poder ofrecer servicios de elevación para la auspiciosa cosecha fina. El caso YPF/Petronas – Bahía Blanca, lamentablemente, parece no haber dejado enseñanzas”, criticó el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Puerto Quequén: las críticas a Kicillof desde la Legislatura bonaerense
Dentro del amplio abanico de temas que abordaron los diputados bonaerenses durante la sesión ordinaria de esta semana, el legislador de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por la “intención de intervenir en el comercio de granos” en el Puerto Quequén y rechazó cualquier iniciativa de “intervencionismo estatal” en el sector.
“Durante los últimos 20 años hemos tenido una brutal intervención bajo el eslogan del ‘Estado Presente’ y solo significó para los una gigantesca pérdida de rentabilidad para los pequeños y medianos productores, acompañada de mayor burocracia”, expresó el diputado de la Coalición Cívica durante su intervención en el recinto.
En paralelo,la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de rechazo “ante la intención del Gobierno provincial de Axel Kicillof de interferir en la comercialización de granos” en el Puerto Quequén, al no renovarle la concesión a la actual terminal logística.
En esa línea, la legisladora bonaerense del monzoísmo manifestó su preocupación por la falta de definiciones del Ejecutivo bonaerense “sobre un tema crucial para el sistema productivo de nuestra provincia y de esa zona en particular”. “Genera inseguridad jurídica, a la vez que se pretende realizar prácticas que distorsionan y alteran la cadena productiva”, añadió.
