En las últimas horas, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, presentó un proyecto para expresar su rechazo a la promulgación de la Ley 27.805 impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei, al considerar que el nuevo régimen excepcional para regularizar armas de fuego no registradas “presenta serios cuestionamientos en materia de seguridad pública, prevención del delito y coherencia del sistema jurídico vigente”.
Es preciso mencionar que, la mencionada ley fue sancionada por el Congreso el 14 de mayo de 2026 y promulgada el 10 de junio, antes de su publicación en el Boletín Oficial el 18 de junio. En tanto, la norma estableció un plazo de 360 días para que quienes posean armas de uso civil o de uso civil condicional sin registrar, o con registraciones irregulares, puedan normalizar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Al mismo tiempo, la norma aprobada por el Congreso dispuso la exención de responsabilidad penal y administrativa por la tenencia ilegal de esas armas, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley. Además, la ley prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
“Si bien resulta legítimo el objetivo de mejorar el control estatal sobre las armas no registradas en circulación, la herramienta adoptada por la ley que el Ejecutivo promulgó presenta serios cuestionamientos en materia de seguridad pública, prevención del delito y coherencia del sistema jurídico vigente”, señaló Puglelli en los fundamentos del escrito que ingresó a la Legislatura bonaerense.
Por caso, entre los principales argumentos del proyecto, el diputado del peronismo cuestionó que la ley concede una amplia amnistía administrativa y penal para aquellas personas que mantuvieron armas de fuego al margen de los registros obligatorios establecidos por la legislación nacional, y remarcó que la exención alcanza “conductas que actualmente se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal“.
“De esta manera, la medida puede producir un efecto contrario al buscado, incentivando expectativas de futuras regularizaciones excepcionales y debilitando la cultura del cumplimiento de las obligaciones registrales. Quienes han cumplido oportunamente con los requisitos legales quedan colocados en una situación de desigualdad respecto de aquellos que permanecieron durante años al margen del sistema y ahora reciben beneficios legales para normalizar su situación sin consecuencia alguna”, enfatizó Puglelli.
En ese sentido, el diputado bonaerense del peronismo también puso el foco en los mecanismos de control previstos para la incorporación de esas armas al sistema registral, al indicar que el origen de las mismas no siempre resulta plenamente verificable, por lo que se plantea interrogantes respecto de los mecanismos de control y fiscalización que deberá implementar la ANMAC.
“La registración posterior de las armas de fuego no elimina los riesgos derivados de la circulación previa de armamento no declarado, ni garantiza que dichos armamentos no hayan estado vinculadas a hechos ilícitos”, enfatizó Puglelli, que también manifestó su preocupación respecto de que la norma aprobada en el Congreso priorice la regularización de las armas existentes por sobre políticas públicas activas orientadas a la reducción del armamento en circulación.
“Diversos organismos especializados en prevención de la violencia armada sostienen que una mayor disponibilidad de armas en la sociedad incrementa los riesgos de accidentes, violencia intrafamiliar, conflictos interpersonales y hechos delictivos”, remarcó el legislador bonaerense del peronismo en el escrito de repudio que ingresó a la Legislatura.
En última instancia, Puglelli reconoció que la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas “constituye una herramienta positiva para la disminución de armas en manos de particulares”, aunque sostuvo que ese objetivo se ve parcialmente desvirtuado por esta política simultánea que facilita la incorporación masiva al registro de armas de fuego que hasta el presente se encontraban fuera del control estatal.
La letra chica del nuevo régimen excepcional para regularizar armas de fuego no registradas
Cabe señalar que, uno de los puntos más relevantes del nuevo régimen aprobado por el Congreso es que quienes se presenten voluntariamente para registrar las armas quedarán exentos de sanciones penales y administrativas por la tenencia irregular, siempre que no exista una causa judicial previa vinculada con ese material.
Por su parte, aquellas personas que todavía no sean legítimos usuarios de las armas de fuego deberán tramitar esa condición junto con la autorización de tenencia correspondiente, mientras que si durante el procedimiento se detectan irregularidades técnicas o registrales graves, las autoridades podrán avanzar con el secuestro del arma.
La norma también asigna nuevas responsabilidades a la ANMAC, que deberá verificar las condiciones técnicas y administrativas de cada arma antes de incorporarla al Banco Nacional Informatizado de Datos. De esta manera, el organismo tendrá la obligación de informar a quienes realicen el trámite sobre los riesgos que implica la tenencia de armas de fuego y la posibilidad de entregarlas de manera voluntaria y anónima, además de desarrollar campañas de difusión para dar a conocer los alcances del nuevo régimen.
