En las últimas horas, el Gobierno bonaerense y el Municipio de General Pueyrredón sorprendieron a la Justicia con la apertura de una mesa de diálogo para intentar resolver el conflicto por la administración y el dominio del Complejo Punta Mogotes. En una audiencia realizada este martes ante el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, ambas partes confirmaron la existencia de conversaciones para acercar posiciones y solicitaron una prórroga de los plazos judiciales, que fueron suspendidos hasta el próximo 4 de agosto.
El encuentro entre ambas administraciones representó un cambio de escenario respecto de las semanas previas, marcadas por denuncias cruzadas y una fuerte disputa institucional. Durante la audiencia, los representantes de Provincia y de la Municipalidad liderada por Agustín Neme informaron al magistrado que comenzaron negociaciones reservadas con el objetivo de alcanzar una salida consensuada al litigio.
Ante esa predisposición al diálogo, el juez Simón Isacch resolvió hacer lugar al pedido conjunto de las partes y dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto, una decisión que implica la suspensión de los plazos procesales tanto para la demanda principal, que discute la titularidad del predio de Punta Mogotes, como para la medida cautelar impulsada por el Municipio para dejar sin efecto las prórrogas otorgadas a los actuales concesionarios.
Es preciso mencionar que, en la audiencia estuvieron en representación del Ejecutivo municipal el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y la letrada Matilde Casado, mientras que por el Gobierno bonaerense asistieron la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, Noelia Fernández, el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el jefe de Gabinete de esa asesoría, Francisco Zannini, y los representantes provinciales en la Administración de Punta Mogotes, Fernando Maraude y Gonzalo Raventos.
En tanto, el conflicto de fondo gira en torno al reclamo municipal para que se reconozca el pago de una deuda histórica contraída durante la última dictadura militar para la construcción del complejo de Punta Mogotes, mediante un depósito superior a los $14 millones. La administración local, actualmente encabezada de manera interina por Neme, sostiene que esa cancelación la habilita a exigir la restitución plena del predio.
En la actualidad, la Administración de Punta Mogotes se encuentra integrada en un 70% por representantes de la provincia de Buenos Aires y en un 30% por miembros del Municipio de Mar del Plata. Esa distribución es uno de los ejes del litigio que ambas jurisdicciones mantienen desde hace varios años.
En ese sentido, la tensión entre las partes se profundizó recientemente cuando el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires resolvió prorrogar las concesiones vigentes de los balnearios hasta el 30 de abril de 2027. El Gobierno bonaerense justificó la medida en la necesidad de garantizar el funcionamiento del complejo mientras avanza en la elaboración de los pliegos para una futura licitación integral y el posterior traspaso del predio a la órbita de Mar del Plata.
Esa decisión, anunciada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, fue cuestionada por el oficialismo marplatense, que interpretó la extensión de los contratos como una “maniobra para consolidar un escenario irreversible” mientras el conflicto continúa en la Justicia.
Sin embargo, la apertura de una instancia formal de negociación y la suspensión de los plazos judiciales trasladaron, al menos por el momento, el eje de la disputa hacia una mesa de diálogo político que integrarán representantes del Ejecutivo de Axel Kicillof y el municipio de Mar del Plata, cuya continuidad dependerá de los avances que ambas administraciones logren antes de la audiencia prevista para el 4 de agosto.
Legisladores opositores de Mar del Plata presentaron propuestas para acelerar la devolución de Punta Mogotes
Es preciso recordar que, a pocas horas de que Costa y Kicillof anunciaran el plan para devolverle Punta Mogotes a Mar del Plata, legisladores bonaerenses del PRO y el radicalismo impulsaron iniciativas inmediatas para frenar el esquema planteado por el Ejecutivo de la provincia de buenos Aires, que prevé realizar obras y una nueva licitación antes de concretar el traspaso del complejo balneario a la Municipalidad de General Pueyrredón.
En este sentido, el senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, presentó un proyecto para que la Provincia acepte el pago de la deuda de Mar del Plata vinculada al complejo y avance con su devolución inmediata. El dirigente local cuestionó el anuncio realizado por Costa y denunció que el Gobierno bonaerense pretende “condicionar el futuro de Punta Mogotes con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años”.
Por otro lado, el titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Alejandro Rabinovich, y el jefe de la bancada UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentaron una iniciativa en conjunto para transferir de manera inmediata la administración, conservación y explotación de Punta Mogotes al municipio de General Pueyrredón. El proyecto propone disolver la APM y argumenta que la deuda que justificó la intervención provincial “ya debería considerarse saldada”, por lo que no existen razones para mantener el control bonaerense sobre el complejo.
Si bien Rabinovich y Garciarena coinciden en la necesidad de una renovación integral del sector costero, rechazan que las obras y la futura planificación sean definidas por la Provincia. En cambio, plantean que sea el propio municipio de Mar del Plata el que determine el proyecto urbano para Punta Mogotes, con mayor integración ambiental, espacios públicos y actividades durante todo el año, en función de los intereses y necesidades de los marplatenses.
