Luego de que el gobierno de Axel Kicillof anunciase la devolución de Punta Mogotes a Mar del Plata a través de un plan de modernización, el titular del bloque de diputados bonaerenses del PRO, Alejandro Rabinovich, presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo provincial transfiera inmediatamente la administración del complejo balneario al municipio de General Pueyrredón, sin ningún tipo de obras de refacción.
La iniciativa, que también es respaldada por el radical Diego Garciarena, busca restituir a Mar del Plata “la administración, conservación y explotación” de Punta Mogotes, un sector estratégico de la costa local que actualmente es administrado por el ente interjurisdiccional Administración Punta Mogotes (APM). En los fundamentos, los legisladores sostienen que el complejo “pertenece a los marplatenses” y remarcan que el municipio debe recuperar el control pleno sobre ese espacio.
En ese sentido, el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados con las firmas de Rabinovich y Garciarena reconstruye el origen histórico del conflicto por la concesión del complejo, y recuerda que en 1976 la provincia de Buenos Aires transfirió a General Pueyrredón la administración de las playas y unidades turísticas de la costa marplatense. Sin embargo, años después se creó la sociedad estatal Proyectos Especiales de Mar del Plata, con el objetivo de desarrollar Punta Mogotes y ejecutar distintas obras vinculadas al turismo.
Según explicaron los dos dirigentes opositores, para poder concretar esas intervenciones el municipio cedió la posesión del predio a esa sociedad estatal mediante un convenio firmado en 1980, aunque mantuvo algunas facultades de control sobre el área. Con el paso del tiempo, la administración provincial terminó por consolidar el manejo del complejo de Punta Mogotes a través de distintos organismos y acuerdos posteriores.
En otro tramo de los fundamentos, los autores del escrito señalaron que la experiencia de Proyectos Especiales de Mar del Plata estuvo atravesada por “irregularidades, falta de controles y gastos superiores a los previstos”, lo que derivó en una importante deuda con el Banco Provincia y en la disolución de la sociedad estatal a comienzos de la década del ’80.
A partir de esa crisis, en 1984 la Provincia y la Municipalidad avanzaron con la creación de la APM, un ente público interjurisdiccional encargado de administrar, conservar y explotar el complejo balneario. Esa estructura quedó formalizada mediante la Ley provincial 10.233, que ratificó el convenio firmado entre ambos niveles del Estado luego de los estudios realizados por una comisión investigadora creada para analizar la situación financiera y administrativa del predio.
En tanto, el proyecto también recuerda que la APM quedó conformada con un esquema donde la Provincia posee el 70% del patrimonio y dos representantes dentro del órgano de administración, mientras que Mar del Plata cuenta con el 30% restante y un solo integrante. Además, Rabinovich destaca que el convenio original establecía que, una vez canceladas las deudas contraídas con el Banco Provincia, debía denunciarse el acuerdo y devolverse el control del complejo al municipio.
En ese marco, el legislador del PRO planteó que, casi cuatro décadas después de la sanción de la Ley 10.233, ya no existen motivos para sostener una administración provincial sobre un sector costero ubicado dentro del territorio de Mar del Plata. Por eso, la iniciativa propone disolver la Administración Punta Mogotes de una vez y para siempre, y devolver al municipio que hoy encabeza Agustín Neme el dominio, uso y explotación de las playas y unidades turísticas del complejo.
En el texto parlamentario, los dos legisladores de la oposición cuestionaron que, pese a algunos intentos de remodelación, Punta Mogotes “quedó manifiestamente antiguo”, por lo que consideraron “imprescindible” una renovación integral que permita integrar el complejo al resto del frente costero marplatense. Sin embargo, ambos rechazaron la idea de que las refacciones se lleven a cabo por el Gobierno bonaerense, y pidieron que sea el municipio quien impulse un proyecto urbano con mayor presencia de espacios públicos, integración ambiental y actividades durante todo el año que surja de los propios marplatenses.
Entre las transformaciones planteadas, el proyecto propone mejorar la conexión entre el complejo y el barrio Punta Mogotes, reducir el predominio del cemento y las playas de estacionamiento, proteger las lagunas y fortalecer los espacios verdes y recreativos, al tiempo que impulsa una reformulación del sistema de carpas y concesiones para ampliar el acceso público a las playas y fomentar un perfil turístico sustentable.
Por último, los diputados remarcaron que, tras la reforma constitucional de 1994 y el fortalecimiento de las autonomías municipales, ya no existen argumentos para sostener “una suerte de intervención provincial” sobre un territorio cuya administración debía revertirse una vez saldada la deuda original. En ese contexto, Rabinovich y Garciarena recordaron que el municipio intentó cancelar formalmente ese pasivo durante 2024, y denunciaron que el Ejecutivo bonaerense rechazó el pago y avanzó con distintas maniobras judiciales y administrativas para dilatar el proceso.
“Resulta inadmisible que el Ejecutivo Provincial se escude en una deuda impaga de poco más de 14 millones de pesos para negarle a la
Municipalidad de General Pueyrredón la potestad de decidir el destino de casi tres kilómetros de costa e integrarlos a la ciudad en un plan comprensivo que tenga en cuenta los intereses de los marplatenses y garantice la generación de empleo durante todo el año”, concluyeron los legisladores del PRO y la UCR que tomaron partido en la pelea de Mar del Plata por la administración de Punta Mogotes.
Vale recordar que Rabinovich responde políticamente al exintendente de Mar del Plata, el actual senador Guillermo Montenegro, quien esta semana cuestionó el anuncio realizado por el Gobierno provincial sobre el traspaso de Punta Mogotes. “Hay una contradicción evidente: desde la provincia de Buenos Aires dicen que quieren devolver Punta Mogotes a los marplatenses, pero antes pretenden condicionar su futuro con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años”, disparó el legislador.
