Este lunes se desató un fuerte conflicto político y social en el municipio bonaerense de Quilmes a partir del avance de una ordenanza municipal que apunta a regular la actividad de los cuidacoches, conocidos como “trapitos”, lo que derivó en una protesta frente al Concejo Deliberante, enfrentamientos con la Policía y un cruce directo entre sectores del peronismo bonaerense alineados con Juan Grabois y el Ejecutivo local, actualmente liderado por Eva Mieri, en un contexto marcado por tensiones internas y reclamos sociales vinculados al trabajo informal.
En ese marco, el senador bonaerense y referente de Patria Grande, Federico Fagioli, cuestionó con dureza la respuesta estatal frente a la protesta de los trapitos, y fijó posición contra el enfoque represivo ejecutado por Mieri, al sostener que “los puestos de trabajo de los compañeros no se resuelven con represión”.
Al mismo tiempo, el senador de la provincia de Buenos Aires que responde a Grabois planteó la necesidad de que los cuidacoches sean incorporados al sistema de estacionamiento que se discute en el Concejo Deliberante de Quilmes, al tiempo que reclamó la “libertad inmediata de la compañera detenida” durante los incidentes en las inmediaciones de la municipalidad.
Es preciso mencionar que, la movilización en Quilmes fue impulsada por militantes y organizaciones que responden al diputado nacional y dirigente social Juan Grabois, que se concentraron a metros del edificio del Concejo Deliberante, donde también funciona la Municipalidad, para rechazar una ordenanza promovida por el Ejecutivo local que busca reorganizar el sistema de estacionamiento y regular la actividad de los cuidacoches en distintos puntos del distrito, una iniciativa que desde el Gobierno municipal anuncian como respuesta a los reclamos reiterados de vecinos por situaciones de desorden y conflictividad en la vía pública.
En ese sentido, la protesta derivó en momentos de alta tensión cuando se produjeron enfrentamientos con efectivos policiales que custodiaban el edificio, lo que profundizó el conflicto político y expuso una fractura interna dentro del peronismo local y provincial, con posiciones encontradas entre la gestión municipal y los espacios sociales que reclaman ser parte del debate previo a la aprobación de la ordenanza.
Desde el entorno del Ejecutivo quilmeño explicaron que la iniciativa no apunta a excluir a los trabajadores sino a ordenar el estacionamiento en el marco de un plan integral de tránsito, y señalaron que el proyecto contempla la posibilidad de incorporar a cuidacoches preexistentes bajo condiciones formales, con registro, obra social y encuadre legal, aunque aclararon que no se avanzará en la adjudicación directa del servicio a una cooperativa específica, como reclaman las organizaciones vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Según detallaron fuentes oficiales, la decisión política es avanzar con un llamado a licitación para que cualquier actor que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego pueda presentarse, una definición que se transformó en uno de los principales puntos de conflicto con los sectores que impulsaron la protesta y que consideran que el esquema propuesto “abre la puerta a una privatización del sistema de estacionamiento en detrimento de los trabajadores informales”.
En medio de los incidentes, Grabois se expresó públicamente con fuertes críticas hacia el gobierno municipal de Mieri, al cuestionar que la intendencia habilitara un operativo policial contra militantes y trabajadores en el marco de una protesta social, mientras se debatía en el Concejo Deliberante una ordenanza que, a su entender, implica una privatización “amañada” del estacionamiento medido en Quilmes, lo que profundizó el enfrentamiento político con la gestión local.
En tanto, el dirigente social vinculó el conflicto en Quilmes con el clima interno del peronismo, aunque buscó despegarse de las disputas orgánicas entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro. “La interna me la paso por las bolas. Cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes a dos días de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”, disparó Grabois.
En ese escenario, la detención de una militante identificada como Amanda, quien según denunciaron estaba realizando tareas de cobertura de prensa durante la protesta, se transformó en uno de los ejes centrales de los reclamos del MTE, tanto por parte de Grabois como de referentes sociales y legislativos, que exigieron su liberación inmediata y denunciaron un accionar desmedido por parte de las fuerzas de seguridad.
“Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre“, concluyó el diputado nacional.
Quilmes: el mensaje del Municipio y el reclamo de las organizaciones sociales
Es preciso mencionar que, desde la Municipalidad de Quilmes se refirieron al conflicto y remarcaron que la iniciativa para regular la actividad de los cuidacoches surge a partir de múltiples denuncias de vecinos y vecinas por los inconvenientes generados en la vía pública, al tiempo que insistieron en que la ordenanza busca ordenar el tránsito y el estacionamiento sin desconocer la existencia de trabajadores que actualmente desarrollan esa actividad.
Por eso, las autoridades locales reiteraron que la decisión política es avanzar con un proceso de licitación abierta, para que puedan participar quienes estén en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos, y descartaron la posibilidad de otorgar de manera directa la gestión del sistema a una organización en particular, una postura que sostienen como garantía de transparencia y legalidad administrativa.
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunciaron que el operativo policial se desplegó mientras los cuidacoches y trabajadores de la economía popular reclamaban ser escuchados antes de la votación de la ordenanza en el Concejo Deliberante de Quilmes, y advirtieron que la iniciativa implica avanzar hacia la privatización del sistema de tránsito municipal sin contemplar la realidad social de quienes dependen de esa actividad para subsistir.
En un comunicado difundido desde el lugar de los hechos, referentes de la organización aseguraron que fueron a defender el sustento de sus familias y que la respuesta fue un “accionar violento para proteger intereses privados”, por lo que exigieron el cese inmediato de la represión y la liberación de todas las personas detenidas, al tiempo que advirtieron que “no permitirán que se vulneren sus derechos” en el marco de un proceso que, sostienen, los excluye del debate.
