La diputada provincial de Juntos, Julieta Quintero Chasman, pegó un fuerte volantazo a su perfil político. De secretaria de Desarrollo de Desarrollo a la Comunidad local, supuestamente ocupada en asistir a sectores vulnerables y en organizar los “trencitos de la alegría” que recorrieron hace un tiempo las calles de la ciudad, se recicló en una furiosa legisladora “antipiquetes”.
La diputada bonaerense que responde al intendente de Juntos, Julio Garro, endureció radicalmente su discurso con la presentación de un proyecto de ley en la Cámara baja que propone suspender el cobro de planes sociales a quienes corten calles, participen de protestas o intervengan movilizaciones.
“Los planes sociales tienen que ir a las personas que ser una herramienta de ayuda, para que quienes tienen dificultades puedan pasar el momento y progresar. El plan tiene que durar solo un tiempo, el objetivo es que al final de la asistencia la persona pueda tener un trabajo formal y estable”, argumentó la legisladora platense, Julieta Quintero Chasman.
En su defensa de la iniciativa que ingresó por mesa de entradas del parlamento provincial, Quintero Chasman enfatizó que no se puede “permitir más que la asistencia social sea utilizada para cortar calles y complicarle la vida a toda la gente que día a día se levanta para ganarse la vida”.
De este modo, la exsecretaria de Desarrollo de Desarrollo a la Comunidad local desempolvó un proyecto de ley con un discurso punitivista que no reviste mayor novedad en la discusión de la agenda pública. El giro de la exsecretaria privada de Julio Garro quedó plasmado en la iniciativa.
Sin embargo, el enojo de sectores beneficiarios de programas sociales con Quintero Chasman no es nuevo. Por caso el año pasado durante una recorrida de campaña fue increpada por un grupo de cooperativistas, al grito de “tu marido se robó la plata de nuestros sueldos”.
Diputados Bonaerenses contó en detalle en un informe especial las complicaciones judiciales que atraviesa la pareja de Quintero Chasman, Mauro Nicolás Petrone, luego de figurar como apoderado de varias cooperativas municipales observadas por el Tribunal de Cuentas bonaerense, mientras era director de Casco Urbano, en un claro ejemplo de “conflicto de intereses”.
La pareja de Quintero Chasman está salpicado por una silenciada causa judicial que investiga una presunta “malversación de fondos” de $ 2.085,2 millones en el manejo de cooperativas de barrido, limpieza y recolección de residuos, en la que también aparecen implicados una serie de funcionarios municipales de confianza de Garro, como Nelson Marino, Liliana Lucha y el propio Petrone.
El escándalo por el supuesto “desvío de fondos” de las cooperativas municipales incluso motivó una investigación de la Procuración General de la Corte Suprema bonaerense en la que en su momento se detalló que “Petrone, quien es empleado municipal, es apoderado representante y firmante de cheques de por lo menos 5 cooperativas distintas”.
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