La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Ayelén Rasquetti, ingresó en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un nuevo etiquetado frontal en los envases de productos alimenticios que se comercialicen en la provincia de Buenos Aires, con una propuesta que busca que, además de la información nutricional, se indique el tiempo estimado de degradación y el modo adecuado de tratamiento de cada paquete.
Según el texto que lleva la firma de la diputada bonaerense del Frente Renovador, el objetivo es que los consumidores tomen mayor conciencia sobre el impacto ambiental de los envases que desechan a diario. Para ello, cada producto debería incluir en su etiquetado frontal una leyenda clara que informe cuánto tarda en degradarse el packaging, y cuál es el mejor modo de tratarlo una vez convertido en residuo.
De aprobarse, la normativa establecerá una nueva responsabilidad legal para las empresas productoras de alimentos, que estarán obligadas a cumplir con esta exigencia, mientras que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación y será esta la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la medida, así como de imponer sanciones en caso de infracción.
En principio, y de acuerdo al escrito ingresado por Rasquetti en la Legislatura bonaerense, las multas podrán ir desde 10 hasta 500 salarios mínimos vitales y móviles, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia.
En los fundamentos del proyecto, Rasquetti destaca la urgencia de generar conciencia sobre la contaminación plástica, y advierte que el plástico es uno de los materiales más utilizados en la vida cotidiana y también uno de los más perjudiciales por el tiempo que tarda en descomponerse, incluso en condiciones controladas como los vertederos.
De esta manera, la iniciativa de la diputada bonaerense de Unión por la Patria busca impulsar prácticas más responsables por parte de las empresas, y brindar a los consumidores información útil para decidir cómo disponer correctamente de los residuos.
“Hoy casi todo viene en un envase hecho con plástico, por lo que la cantidad de desechos que se generan es alarmante”, argumenta la legisladora en el proyecto, al tiempo que señala que “es necesario que las empresas sean responsables en materia ambiental”, y que este etiquetado permitirá visualizar “la real magnitud de lo que sucede a partir del uso generado”.
La propuesta se inscribe en una tendencia más amplia de iniciativas legislativas que buscan visibilizar y mitigar los efectos de la crisis ambiental, promoviendo la transparencia en los ciclos de vida de los productos. Por eso, la diputada concluye su presentación solicitando el acompañamiento de todos los bloques para avanzar en esta medida, que considera urgente y necesaria.
Es preciso mencionar que, de convertirse en ley el proyecto de Rasquetti, el nuevo etiquetado ambiental podría posicionar a la provincia de Buenos Aires como pionera en la adopción de herramientas de concientización ecológica vinculadas al consumo cotidiano.
Aplicación definitiva: cómo y cuándo se incorporó la Ley de Etiquetado Frontal
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que contempla el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, fue finalmente reglamentada el 22 de marzo de 2022, con la Resolución Conjunta 5/2022 publicada en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, comenzó el cronograma de implementación, que otorgó un plazo de adecuación inicial de 180 días para grandes empresas, con posibilidad de prórrogas por única vez.
En la primera etapa, iniciada en agosto de 2022, la entonces administración de Alberto Fernández exigía el uso de los sellos de advertencia en envases que superaran los límites establecidos por el perfil nutricional del Mercosur, al tiempo que prohibía el uso de personajes, dibujos animados, juegos o celebridades que pudieran atraer al público infantil. La segunda etapa finalizó el 20 de febrero de 2023, y la última prórroga concluyó el 20 de mayo de 2024.
Además del etiquetado frontal en productos, la ley impide que se promocionen estos alimentos en instituciones educativas. De esta forma, el Estado nacional y las provincias que adhirieron a la normativa promueven un enfoque integral de salud pública, que involucra tanto a consumidores como a entornos educativos y comerciales.
Por su parte, la senadora bonaerense Gabriela Demaría presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires se adhiera formalmente a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, con la incorporación de los sellos de advertencia en productos alimenticios comercializados en el territorio bonaerense y establece responsabilidades para organismos provinciales de control.
Asimismo, el proyecto de adhesión contemplaba la fiscalización por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario, en colaboración con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, encargadas de controlar el cumplimiento de la normativa en el circuito comercial bonaerense.
Demaría resaltó la importancia de una política pública que garantice el derecho a la información, sobre todo para sectores vulnerables, y remarcó la necesidad de educar en hábitos alimentarios saludables desde la infancia, razón por la cual el proyecto incluye acciones para promover entornos escolares libres de productos con advertencias nutricionales.
