El reclamo del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, para que el Gobierno nacional transfiera la Autopista Presidente Perón abrió un inesperado frente dentro de la interna que atraviesan los distintos sectores del peronismo. Pese al pedido de Provincia contra Casa Rosada, la diputada nacional del Frente Renovador, Marina Salzmann, cuestionó la postura del funcionario de Axel Kicillof y le pidió a la gestión provincial que priorice trazas clave, como la Ruta Provincial 40, que atraviesa distintos reclamos por a su deterioro.
“Sr. Ministro con todo respeto, los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos”, lanzó la dirigente massista a través de su cuenta de X.
Cabe destacar que la discusión de fondo comenzó luego de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acordara con la Casa Rosada la transferencia de las tareas de reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años. A partir de este antecedente, el titular de la cartera de Infraestructura renovó el pedido para que Nación entregue la administración de la Autopista Presidente Perón, cuya construcción fue frenada por el Ejecutivo de Javier Milei a fines de 2023.
“Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la PBA de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi 3 años. Raro querer gobernar una provincia a la cual se asfixia y discrimina todos los días”, apuntó Katopodis, quien además remarcó que la traza beneficia a unos 12 millones de habitantes, atraviesa 12 municipios y representa el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin embargo, el planteo del ministro encontró reparos dentro del propio universo justicialista ante las dificultades financieras que atraviesa la administración bonaerense y los reclamos que enfrenta la gestión kicillofista, especialmente en el interior provincial. “Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, ¿de dónde van a salir los recursos para la Autopista Presidente Perón?”, retrucó Salzmann.
La legisladora nacional centró su reclamo en una vía clave para el oeste bonaerense, que utilizan más de 7 mil vehículos por día y cuya obra de repavimentación entre Marcos Paz y Merlo todavía mantiene más de 14 kilómetros pendientes.
El Estado provincial inició esa intervención en marzo de 2022 sobre una extensión total de 25 kilómetros y habilitó en diciembre pasado los primeros 10 kilómetros de la nueva calzada. Según los datos de la Dirección de Vialidad bonaerense, el proyecto todavía requiere obras sobre otros 14,3 kilómetros, un escenario que la referente renovadora puso sobre la mesa para cuestionar las prioridades del Ejecutivo provincial.
Por su parte, Katopodis insiste en que la Provincia podría finalizar y administrar la Autopista Presidente Perón mediante un consorcio integrado por los municipios que atraviesa la traza, aunque el proyecto depende de un acuerdo con Nación. La obra comenzó a construirse en 2010 y todavía requiere alrededor de 30 kilómetros para completar los 83 previstos, con el objetivo de conectar el Acceso Oeste con la Autopista Buenos Aires-La Plata.
La arremetida de Katopodis profundizó la disputa entre Nación y Provincia por las rutas
En tanto, la disputa entre la actual conducción libertaria y la administración de Kicillof por la obra pública y el manejo de las rutas bonaerenses acumula varios capítulos. Hace algunos meses, la Casa Rosada excluyó a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) del proceso de licitación de distintos corredores que operaba la empresa estatal Corredores Viales.
El dictamen oficial sostuvo que AUBASA no acreditó experiencia en la ejecución directa de obras viales y también formuló observaciones sobre su situación patrimonial. Según la evaluación nacional, la compañía bonaerense actuó como comitente en los trabajos presentados como antecedente, pero no como ejecutora, una condición exigida por el pliego.
En respuesta, la gestión de Kicillof rechazó los argumentos libertarios y atribuyó la exclusión a una decisión política. “No quieren que la Provincia se haga cargo de las rutas”, cuestionó entonces el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en línea con Katopodis, quien también objetó el proceso y sostuvo que AUBASA había cumplido con los requisitos establecidos.
En paralelo al enfrentamiento con Nación, el Ejecutivo bonaerense amplió en casi $48.752 millones el presupuesto de la Dirección de Vialidad con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos apuntan al Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, que contempla intervenciones sobre rutas provinciales, aunque su utilización quedó sujeta al desembolso efectivo del préstamo.
