jueves, mayo 19, 2022

Red de trata de senegaleses: las pruebas, circuitos y conexiones que denunció el Municipio

La presentación judicial además brinda detalles de la presunta “ruta de la esclavitud moderna” de la que son víctimas los inmigrantes senegaleses.

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En las últimas horas la Municipalidad de La Plata presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N°1 para que se investigue la existencia de una posible red de trata con fines de explotación laboral de la cual serían víctimas los manteros senegaleses que ocupan las calles de la capital provincial.

La presentación judicial realizada por la titular de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata, Virginia Pérez Cattáneo, pide que se determine si existen los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación y reproducción de marcas”; “encubrimiento de contrabando” y “evasión tributaria”, entre otros.

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“De la observación directa de los vastos operativos realizados por esta Secretaria surge el convencimiento que en nuestra ciudad estaría operando una organización criminal transnacional con fines de explotación laboral dedicada al tráfico ilegal de personas y mercadería”, expone la denuncia.

La presentación que quedó en manos del juzgado a cargo de Adolfo Ziulu, relata en detalle cuál sería la ruta de la esclavitud moderna que siguen los inmigrantes senegaleses hasta ingresar al país, cuál sería la metodología que usan sus explotadores y las promesas con las cuales son traídos.

Además, el texto brinda detalles de una veintena de domicilios y locales que serían utilizados para guardar la mercadería y para alojar a los vendedores ambulantes, al tiempo que precisa los elementos que hacen sospechar de que detrás de los inmigrantes senegaleses existe una asociación ilícita.   

Por otra parte, en la denuncia también se identifican varios automóviles utilizados para transportar la mercadería falsificada y a una mujer sindicada como la responsable de proveer la mercadería, alojamiento, viandas de comida diarias e impartir las ordenes que siguen los vendedores ambulantes.

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La denuncia penal surge de la decisión del intendente Julio Garro de “ir a fondo” contra la estructura criminal que creen que hay detrás de los inmigrantes. Al mismo tiempo, el Municipio busca arribar a una solución definitiva para los inmigrantes que son víctimas de esta presunta red de trata.

 

 

Por eso, por primera vez a instancias de la Comuna se conformó una mesa de trabajo con los tres poderes del Estado y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para abordar de manera integral la problemática y buscar respuestas que tengan que ver con las políticas migratorias.

“La situación del comercio ilegal se debe abordar de manera integral y se trata de buscar una solución concerniente a las políticas migratorias. Una de las grandes problemáticas es que no pueden acceder a ningún tipo de asistencia o a programas de educación ya que están indocumentados”, explicó Pérez Cattáneo.

 

POR QUÉ SE SOSPECHA DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA  

 

Todos se albergan en las mismas pensiones.

Se ubican estratégicamente en centros comerciales distribuyéndose cuadras y amparándose en ocasiones en locales que si tienen habilitados de manera legal.

Tienen una clara distribución de roles y funciones, algunos venden, otros son seguridad, incluso hay algunos dedicados a “controlar la calle” y alertar sobre operativos.

 

 

Todos son representados y asesorados por las mismas personas.

Que la mercadería es distribuida por una misma organización, para comercialización, de procedencia dudosa, sin respaldo documental, jamás reclamado ante el Juzgado de Faltas.

La logística se vislumbra no solo en la capacidad de transporte hacia nuestra ciudad y con un circuito de distribución único, a todas y cada una de las víctimas de esta explotación que aquí denunciamos.

 

 

LA “CABECILLA”

 

La denuncia también detalla un domicilio que está “ocupado en su totalidad por ciudadanos de nacionalidad senegalesa que ingresan y egresan con mercadería de dudosa procedencia”. Llamativamente esa vivienda es lindante a un edificio público provincial.

“Los agentes policiales que desplegaron la investigación, advirtieron que los mencionados ciudadanos de origen senegalés acceden a distintos vehículos de ‘gran porte’ que se encuentran ubicados en un garaje que funciona como estacionamiento de manera colindante al edificio mencionado”, se especifica.

 

 

A partir de las pesquisas realizadas, se detectó en ese domicilio a una mujer de nacionalidad argentina “que se hace presente sistemáticamente en ese edificio” en un determinado vehículo, quien sería la encargada de “impartir indicaciones y ordenes de todo tipo a los vendedores ambulantes de origen senegalés”.

 

 

La mujer está sindicada como la “cabecilla local” y posible nexo con la estructura más amplia. Ella también se dedicaría a instruir a los vendedores ambulantes “sobre el dinero diario que deben recaudar”.

Asimismo, se aclara que los inmigrantes senegaleses tienen “acceso de manera compartida a recursos tales como automotores de gran porte, que lleva a inferir que existe una tercera persona que les provee, toda vez que no resulta verosímil que esos bienes sean producto de la actividad que los vendedores ambulantes realizan”.

 

LA RUTA DE LA ESCLAVITUD MODERNA

 

La presentación ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, exhibe con lujo de detalles la posible ruta de la esclavitud moderna que seguirían los inmigrantes senegaleses antes de llegar a las calles de la ciudad y la metodología que usan sus explotadores para traerlos a la Argentina.

En dialogo con algunos integrantes de la comunidad que han preferido mantener en reserva su identidad debido al temor que les provoca posibles represalias, hemos tomado conocimiento que la totalidad de los inmigrantes senegaleses ingresan a nuestro país de manera ilegal”, detalla la denuncia.

 

 

De acuerdo a la ruta explicada en la presentación “estas personas son reclutados en la ciudad de Gambia, en el continente Africano por no requerir visado consular con el Estado Ecuatoriano, siendo este la primera escala de entrada al continente sudamericano”.

A partir de Ecuador, por agua o tierra se trasladan a Brasil, ingresando por las fronteras de Argentina, fundamentalmente por la de El Dorado, Misiones”. En tanto, sobre la metodología se afirma “son captados bajo la promesa de poder ingresar de manera legal, con estatus internacional de ‘refugiados’”.

 

 

La oferta sería ingresar al país para desempeñarse en tareas tales como hotelería y gastronomía. “Al llegar a nuestro territorio, se desvela el tráfico ilegal de personas,  por cuanto se les retiene el pasaporte hasta que no salden la deuda contraída”, añade.

En esa línea, se aclara que “todo lo descripto precedente bajo la modalidad de explotación constituye  esclavitud moderna teniendo en cuenta que delito de trata que el delito de trata se ha ido evolucionando y complejizándose a lo largo del tiempo”.

 

ANTECEDENTES

 

La denuncia del municipio de La Plata registra un único antecedente: en marzo de 2019 la Justicia procesó y encarceló por primera vez a una red de senegaleses que operaban en Argentina por el delito de tráfico de personas. Las víctimas fueron sus propios compatriotas.

En la causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi fueron unos 80 en total. Engañados y bajo el compromiso de pagar casi USD 6.000 y después de un largo viaje -que incluía sobornos, pasaportes falsos y hasta cruzar a nado ríos- ingresaban al país de manera ilegal para ser explotados por la organización.

 

 

Las víctimas, lejos de recibir el trabajo prometido en empresas, hoteles y restaurantes, eran forzados a vender en puestos callejeros de mercadería ilegal, sin recibir prácticamente nada hasta saldar la deuda contraída con los traficantes. Muy similar a lo ocurrido en La Plata.

En doce allanamientos ordenados por Martínez De Giorgi, los investigadores del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina encontraron ocultos en la vivienda del jefe de la banda mafiosa unos 61 pasaportes adulterados.

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