El debate por la reforma de la Ley de Glaciares abrió una fuerte controversia política y ambiental, en medio de las audiencias públicas que comenzaron esta semana. El referente peronista Leonardo Grosso advirtió que la iniciativa “va a ser judicializada a las pocas horas” de su eventual aprobación, en un contexto de críticas por el alcance del proceso participativo.
Es que, el Gobierno nacional impulsó el cambio con el objetivo de modificar la definición de áreas periglaciares y habilitar nuevas explotaciones mineras. En tanto, la discusión se centra en ese punto, ya que la normativa vigente prohíbe la actividad en esas zonas por su carácter estratégico para el agua y el ambiente.
En ese marco, el proceso de audiencias públicas incluyó a 360 expositores seleccionados, con instancias presenciales y remotas distribuidas en dos jornadas. Sin embargo, más de 100.000 personas se inscribieron para participar, lo que generó cuestionamientos por la limitación del cupo y el criterio de selección aplicado.
Ante este panorama, el exlegislador nacional Leonardo Grosso planteó fuertes críticas al procedimiento y al alcance de la convocatoria. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú”, sostuvo el dirigente peronista.
El expresidente de la comisión de Recursos Naturales en la Cámara baja también cuestionó la forma en que el oficialismo restringió la participación ciudadana y señaló que el esquema aplicado no anticipó condiciones ni límites claros para los inscriptos, lo que derivó en un recorte significativo de voces dentro del debate.
En esa misma línea, Grosso endureció su postura sobre el proceso y advirtió sobre sus implicancias legales. “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley”, afirmó el referente del Movimiento Evita, al cuestionar la validez institucional de la instancia.
En tanto, el exdiputado peronista no solo alertó que la velocidad del tratamiento legislativo podría afectar la legitimidad del debate, sino que también puso el foco en el ritmo con el que desde La Libertad Avanza impulsan la iniciativa. En ese sentido, el dirigente oriundo de San Martín sostuvo que el proceso avanza con un nivel de apuro que no garantiza una participación amplia ni la posibilidad de escuchar a todos los sectores por igual.
Por último, Grosso insistió en que la reforma libertaria impulsada por el oficialismo presenta riesgos ambientales y jurídicos, en medio de un escenario atravesado por tensiones políticas y territoriales. “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”, cerró el exrepresentante parlamentario, al anticipar el posible camino que enfrentará la ley.
La audiencia por la Ley de Glaciares arrancó con cruces, recortes de tiempo y reclamos por participación
El inicio de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares quedó atravesado por tensiones políticas, reclamos opositores y cuestionamientos judiciales. La primera jornada se desarrolló en la Cámara de Diputados en medio de polémicas por las restricciones a la participación ciudadana y cambios en la dinámica del debate.
El plenario que conduce el tratamiento de la iniciativa redujo el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos por orador, en un esquema que ya venía cuestionado por el recorte en la cantidad de participantes. La medida generó nuevos reclamos dentro del recinto, donde legisladores opositores denunciaron limitaciones al acceso de inscriptos.
En ese contexto, algunos diputados plantearon que personas que contaban con autorización finalmente no pudieron ingresar al Congreso de la Nación para participar de la audiencia, lo que derivó en interrupciones durante la jornada y profundizó el clima de conflicto que rodea el tratamiento del proyecto.
Al mismo tiempo, el debate se desarrolla bajo la presión de presentaciones judiciales que buscan ampliar la participación en las audiencias públicas, que en la previa registraron más de 100 mil solicitudes. En tanto, la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar se consolidó como una de las prioridades legislativas del oficialismo, en medio de un escenario de creciente controversia.
